Fueron enviados a la cárcel para uniformados de Facatativá los policías Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, implicados en el homicidio de Javier Ordoñez, el pasado 9 de septiembre en la localidad de Engativá, Bogotá.

La juez 29 de control de garantías de Bogotá consideró que son un peligro para la sociedad en caso de ser dejados en libertad y argumentó que los policías abusaron de su cargo como agentes del Estado. La jueza aclaró que pese a que la libertad es un derecho que se debe garantizar, en este caso esta medida procede porque la jurisprudencia se explica y justifica los motivos.

“La fuerza es necesaria cuando es requerida, pero no debe ser desproporcionada”, afirmó la jueza.

Agregó que los uniformados por hacer parte de la Policía y por la capacitación recibida se les exigía un comportamiento distinto al que puede tener un ciudadano en caso de agresión.

“Aquí en el delito de tortura lo que se puede inferir, y de los mismos guardias de seguridad del conjunto donde vivía la víctima, era que querían castigarlo, porque tal vez les dijo que les pusiera el comparendo, pero ¿era ese el comportamiento que debían desarrollar los patrulleros, o era mejor llamar el apoyo para poderlo reducir sin tener que utilizar el taser y sin tener que recurrir a darle tantos golpes?’’ dijo Wilder Salazar, uno de los testimonios del caso.

La Fiscalía presentó las pruebas para demostrar que los funcionarios de la policía agredieron y reportaron tardíamente las heridas de Ordóñez. De acuerdo con la versión de los policías, parte de los golpes se ocasionaron por golpes contra las paredes que se proporcionó el propio civil Ordóñez.

Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la autopsia, hay detalles como las laceraciones, los golpes con objetos contundentes, las descargas eléctricas y la esquirla de balas, las cuales demuestran exceso de violencia por parte de los policías. La juez 29 se refirió a la necropsia de la víctima en la que dijo que se observa la gran cantidad de golpes que sufrió Ordóñez y consideró que la medida privativa de la libertad es la adecuada para este caso.