Marcadas por las polémicas, se iniciaron las sesiones ordinarias del Concejo de Valledupar y la Asamblea del Cesar. En el primero, porque 16 concejales están destituidos e inhabilitados por 12 años y en la Duma porque se sacó del orden del día los puntos 9 y 10 sobre la entrega de proyectos para darle facultades al gobernador Francisco Ovalle Angarita y autorizaciones para celebrar convenios y contratos.

En la corporación municipal la instalación fue hecha por el alcalde Augusto Ramírez Uhía, quien le dio un mensaje de solidaridad a los concejales, de quienes dijo son unos actores que decidieron acatar una sentencia de un fallo y resultaron sancionado por la Procuraduría, al tiempo que reconoció la labor que han hecho durante el transcurso del periodo.

El mandatario afirmó que en estas sesiones presentará los proyectos de la Policía Metropolitana y las viviendas de Idema, que son estratégicos para su administración.

Durante la instalación, el concejal Guido Castilla le pidió a la secretaria del Concejo, Mayri Hernández, conocer si había llegado alguna comunicación de la Procuraduría sobre el fallo que inhabilitó a sus compañeros, a lo que respondió que habían llegado varias comunicaciones a nombre de cada concejal.

Esta petición revivió el tema de la sanción, por lo que la mayoría de los concejales aseguraron que no han sido notificados, otros que sí les llegó la comunicación, pero que deben analizarlas con sus abogados.

El concejal Gabriel Muvdi afirmó que como apenas iban a iniciar sesiones no tenía conocimiento de que existiera un fallo, entre tanto Yesid Triana dijo que recibió la notificación, pero que va a pedir a través de su abogado una aclaración del mismo. Wilfrido Ortiz al igual que Triana afirmó que se sentará con su abogado para analizar el tema y así varios fueron diciendo lo mismo.

Entre tanto el presidente del Concejo, Carlos Picón, dijo que para estas sesiones tiene la misma disposición que han tenido desde que iniciaron el periodo constitucional. “Estamos prestos a dar el debate de control político, a dar herramienta o facultades para que siga dándole cumplimiento al Plan de Desarrollo”, dijo.

En referencia con el fallo de la Procuraduría dijo que el 23 de mayo llegó un oficio, el cual los estaba poniendo en aviso para que se presenten ante el órgano de control. “Tenemos unos términos de ley, tenemos unos derechos, pero estaremos revisando cuáles son los términos legales de ley para así mirar que actos o recursos jurídicos nos asisten”. señaló.
Afirmó además que el oficio que llegó fue radicado ante la recepción del Concejo, más no en Secretaría.

ASAMBLEA ACCIDENTADA

En la Asamblea ayer las resquebrajadas relaciones entre los diputados de gobierno y los de la oposición tuvieron otro impase, luego que Eduardo Santos Flórez, del partido de la U, el mismo al que pertenece el gobernador Francisco Ovalle Angarita, propusiera que se retirara del orden del día los puntos 9 y 10 que se refería a la entrega de los proyectos para darles facultades al mandatario y autorizaciones para celebrar contratos y convenios.

Por ser la oposición mayoría, la proposición fue retirada, lo que molestó aún más al presidente de la corporación, Jorge ‘Popo’ Barros, quien le sugirió al secretario de Gobierno, Carlos Andrés Cotes, quien instaló las sesiones en representación del gobernador, que adelantara el trámite ante el Tribunal Administrativo, toda vez que no ve disposición por parte de sus compañeros de aprobar las dos iniciativas.

En la instalación de ayer, Cotes radicó los proyectos con trámite de urgencia, debido a la necesidad que tiene el gobernador para seguir con el normal funcionamiento de la administración.

“Quiero manifestarles que estos proyectos son de suma importancia para el desarrollo social y económico del departamento, hemos solicitado este trámite de urgencia pues muchos proyectos serían paralizados”, aseguró Cotes.

Por: SANDRA SANTIAGO B / EL PILÓN
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