Aquel ciudadano que cometa un delito hallándose en estado de enfermedad mental, suficiente para privarlo de la libertad, no es condenable, según la Ley. Es declarado inimputable. Sin embargo, cuando el trastornado ha ejecutado un hecho que equivalga en una persona cuerda a delito grave, el tribunal ordenará que sea recluido en un hospital psiquiátrico, bajo fianza. No obstante, esto no pasaría con el asesino de Eudes Enrique Camargo Noriega, de 43 años, nacido en Riohacha, La Guajira, y radicado en el barrio Campo Romero, de Valledupar, quien murió el pasado fin de semana a manos de un sujeto que intentaba irrespetar a su compañera sentimental, que en esos momentos se encontraba sentada en una motocicleta. El hombre que accionó el arma habría salido de la cárcel hace algunas semanas, luego de ser apresado por ser el presunto asesino de su esposa y absuelto por padecer problemas mentales. Hoy, este sujeto, quien acabó con la vida del empleado de la academia System Center, se encuentra prófugo de la justicia y las autoridades ofrecen 2.000.000 de pesos por quien ofrezca noticias de su paradero. Esta situación pone en alerta a la comunidad vallenata, debido a que cualquier otra persona podría ser la siguiente víctima de este hombre quien aparentemente sufre de la mente. En noviembre del 2011, Valledupar también quedó pasmada ante un hecho que enlutó a una familia en el barrio Los Caciques, en donde un sujeto, con aparentes trastornos mentales, ingresó a una vivienda ubicada en la diagonal 18C entre carreras 20 y 21 y apuñaló al fotógrafo Fernando Ramón Ramos Bolaños, de 47 años, conocido como ‘El Kuma’. El acontecimiento ocurrió a las 10:00 de la noche del 14 del mes mencionado. La víctima sufrió heridas en el cuello que le afectaron la yugular, la tiroides y el esófago, lo que le causó la muerte, luego de durar varias horas en la UCI. Según un familiar de la víctima, el hombre le propinó una puñalada al ‘Kuma’ cuando éste se encontraba durmiendo en una hamaca, y al momento de ser herido salió corriendo, pero no fue suficiente para escapar del agresor quien lo siguió atacando. Ildemar Bolaños, hermano del fallecido indicó después del crimen que “hace 15 años este mismo tipo agredió con un machete a mi mamá y a otro vecino también lo hirió, por lo cual exigimos que lo metan preso o en un sitio especial si es verdad que está loco como dicen”. No obstante, ese sitio especial al que se refiere Bolaños no existe en Valledupar ni en el departamento. Los únicos dos centros de reclusión que cuentan con un pabellón psiquiátrico, según el director de la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, Gonzalo Alberto Barriga Flecha, están ubicados en Barranquilla y Bogotá. “En el Inpec solo hay dos establecimientos que tienen pabellón psiquiátrico, de resto ninguno lo tiene”, dijo el coronel. En la capital del Cesar sólo se cuenta con la Unidad de Psiquiatría del Hospital Rosario Pumarejo de López, donde cuatro especialistas atienen a los pacientes que padecen de algún tipo de patología. La falta de centros de rehabilitación o pabellones especiales en las cárceles de Colombia para personas que sufren de alguna enfermedad mental ocasiona ciertos impedimentos a la aplicación de la ley y al sistema penitenciario, el cual, según el jurista Alexander Mendoza, defensor público en Valledupar, es escaso en política criminal. “En Colombia no hay filtro que detenga a las personas que padecen los problemas mentales más graves del mundo, ya sea por homicidio o cualquier otro delito. En este momento no hay panópticos psiquiátricos, no hay forma de tratar a esas personas al interior de las cárceles” especificó el abogado.

La falta de centros especiales para personas en estado de demencia, sumado el actual hacinamiento de las cárceles del país, del cual no se escapan los dos centros de reclusión de Valledupar (Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Valledupar y la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad), en muchas ocasiones, según Mendoza, conllevan a las jueces a declarar en libertad a los enfermos mentales para evitarse congestiones y problemas internos en los reclusorios. “Es un alivio para la autoridad carcelaria echarlos a la calle, indistintamente de lo que allá vayan a hacer. El problema es que nos hemos vuelto indolentes” aseguró el jurista. Sin embargo, dejar en libertad a los psiquiátricos, sin un control y tratamientos podría ocasionar cierta problemática social, como la que afrontó Valledupar, con las muertes ya mencionadas en menos de tres años. A estas historias se adiciona el cruel asesinato de Clara Luz Polo, de 42 años, quien aparentemente estaba poseída por un ‘demonio’, por lo que sería expuesta a un exorcismo por parte de un supuesto pastor y su hermano en el corregimiento de Mariangola, el 22 de julio de 2008. En el aparente rito murió la mujer, quien fue ultrajada, violada, y le sacaron órganos por sus partes genitales. El hermano de la víctima sería el autor material, pero en pleno juicio decía incoherencias, por lo que después fue declarado enfermo mental y enviado a un centro de rehabilitación, y por el momento se desconoce su paradero. El coronel Barriga Flecha aseguró “cuando un interno va a salir a libertad se le hacen unos exámenes médicos y en una situación como éstas, es el Instituto de Medicina Legal que determina qué se debe hacer con ese interno”, pero, al parecer, dicho diagnóstico no se le realizaría al sujeto que asesinó a Eudes Enrique. Expertos jurídicos indican que muchas personas no reciben un diagnóstico adecuado de su enfermedad mental y muchas veces son recluidos en una prisión, en donde conviven con otros internos racionales y terminan causándoles daños. En una entrevista a El Pilón, a principio del presente año, el Defensor del Pueblo, Omar Conteras, reveló que un interno que padecía problemas mentales empujó a un anciano que se había subido a una pared y de manera intencional el otro recluso lo empujó, causándole la muerte horas después en un centro asistencial de la ciudad. La víctima, según registros de EL PILÓN, se identificaba como Romualdo González Raudales, del municipio de Urumita, La Guajira, quien estaba recluido en Cárcel Judicial de Valledupar por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Él se habría subido en la pared de uno de los baños a cantar cuando fue atacado. En la actualidad se habla de más de dos millones de personas declaradas enfermas mentales en el país, de las cuales alrededor de 3.000 viven en las cárceles. En Valledupar, de 750 personas hasta la fecha, sufren esta condición, según Juan Carlos Bermúdez Cuello, coordinador del Área de Salud Mental del municipio. Aún no se conocen datos estadísticos de cuántos reos en Valledupar sufren de enfermedad mental, porque según el Defensor del Pueblo, Omar Contreras, sólo hasta el año pasado él solicitó una clasificación de los enfermos, pero la respuesta demora porque los reclusos tienen que ser evaluados por psiquiatría forense y en Valledupar no hay esa especialidad en Medicina Legal. En un reportaje de un medio nacional, publicado en el 2013, el director del Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia, Inpec, Gustavo Ricaurte, dijo “nadie quiere trabajar con psiquiátricos ni con enfermos mentales, no se consiguen médicos ni trabajadores sociales, y el trabajo lo hacen funcionarios del Inpec”. Tal vez por eso, desde hace varios años en la capital del Cesar no existe un especialista que se dedique a evaluar a los enfermos mentales que son capturados por haber cometido un delito. “Hace unos 5 o 6 años no tenemos psiquiatra forense, lo que ocasiona remitir hasta Barranquilla o Bucaramanga esos casos que necesitan de valoración psiquiátrica y estamos haciendo esa diligencia para ver si en los próximos seis meses podemos tener al especialista” aseguró el director seccional Cesar de Medicina Legal, Heiner Peñaranda Ibarra. Es decir, que pese a que los jueces, abogados defensores o entidades públicas requieran de una evaluación de una persona para saber si sufre o no de neurosis, psicosis, esquizofrenia, maniaco depresión u otro tipo de patología, deben esperar muchos días, semanas o meses, puesto que los análisis deben realizarse en otras ciudades del país. “Cuando las autoridades solicitan la valoración médico- especializada hacemos el requerimiento inmediatamente a Barranquilla o Bucaramanga, pero cuando teníamos a un especialista el psiquiatra le programaba una cita” explicó Peñaranda. Por tanto, en Valledupar, como en otros centros de reclusión del país, varios son los conflictos internos que se pueden generar con personas que están presas y sufren de cualquier enfermedad mental, sin una atención oportuna y espacios adecuados. Según los expertos, la cárcel para los psiquiátricos resulta ser un arma de doble filo, puesto que el encierro despierta la ira, la desesperación y los remordimientos de aquellos que escuchan voces que les dan órdenes para cometer delitos y homicidios, por lo que los reclusorios representan para ellos una bomba de tiempo, porque ponen en peligro los reclusos del patio en el que se encuentran y para los guardianes que no tienen la preparación idónea para manejar este tipo de pacientes, además porque los enfermos mentales podrían hacerse daños así mismos, debido a el encierro que aumenta sus deseos homicidas.

En la Penitenciaría de Alta y Mediana seguridad, varios son los casos que se han registrado de personas que se han suicidado, muchos de ellos por padecer trastornos mentales. El estar libres, en las calles, también sería un perjuicio para los que sufren de un trastorno, según los expertos. Representan un peligro para la sociedad, debido a que la mayoría de los enfermos reinciden en crímenes. Tal vez, una de estas razones, sumadas al problema de hacinamiento que se vive a nivel nacional y que toca directamente a Valledupar, es la que conlleva a los jueces dejar en libertad a decenas de homicidas en estado de esquizofrenia. Según el más reciente censo del Dane, en el país hay aproximadamente siete millones de habitantes de la calle. Se estima que casi el ciento por ciento de ellos padece algún grado de enfermedad mental y un gran porcentaje son psicóticos y para escapar de su realidad, muchos de ellos se sumergen en el consumo de estupefacientes. Sistema carcelario no preparado “El hacinamiento sería el gran problema de todas las cárceles en Colombia y hace que los internos no tengan una verdadera resocialización de las personas, porque lo ideal es que haya unas condiciones de convivencia digna” aseguró Mendoza. El jurídico indicó que solamente el Gobierno Nacional podría resolver ese problema, al cual se le sumaría el costo alto de medicamentos para las personas que sufren de esquizofrenia, depresión aguda, trastorno de ansiedad y demás. “Por ejemplo, Garavito, es una persona que tiene derecho a sol, pero sólo sale a las 3:00 de la mañana, pero es la única hora que lo pueden sacar de su celda, porque no tienen como brindarle la seguridad necesaria frente a los mismos internos, el mismo Garavito no recibe tratamiento psiquiátrico por parte de la cárcel. ¿Una persona que asesinó más 300 niños y accedido carnalmente es una persona que se pueda encontrar bien?” dijo el defensor público. Agregó “los jueces de aquí tienen dificultades para determinar quién resulta imputable frente a la conducta y quien resulta inimputable de ese aspecto psicológico y psiquiátrico del cual padece. La cifra de acceso carnal violento es muy alta y la cometen personas que muchas veces están fuera de sus cabales”. Por su parte, el comandante (e) de la Policía Cesar, Anthony Currea Vera, aseguró que a un enfermo mental es inimputable y no se puede aplicar el código penal. “Yo, como Policía no puede meter a una persona con problemas mentales a un centro de reclusión. El Código Nacional de Policía, así como el Código Penal, indica que la persona que tiene problemas mentales debe ser tratada por personas especializadas en ese ámbito, para el caso de salud mental, psiquiatras, psicólogos” especificó. Procedimiento El Psiquiatra forense, Manuel Altamar, trabajó en el Instituto Colombiano de Medicina Legal como Psiquiatra Forense durante casi seis años y actualmente es psiquiatra en el centro médico de especialistas de Valledupar. Altamar indicó que cuando una persona es recluida por que comete algún delito y se necesita saber si tiene alguna patología psiquiátrica, la solicitud la tiene que hacer una entidad oficial al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ya sea la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría e incluso el Bienestar Familiar, con el fin de conocer si el individuo se declara imputable o no.

Por Merlin Duarte García/El Pilón [email protected]