Como si se tratara de una novela de Gabriel García Márquez, en Valledupar, la justicia pareciera avanzar a pie, porque ni siquiera cuenta con parqueaderos propios para guardar los vehículos inmovilizados por orden judicial, situación que afecta a los propietarios de estos automotores.
Las quejas son generalizadas sobre un tema que en principio podría considerarse como algo relacionado con un simple aspecto logístico, pero no, en realidad se trata de un vacío institucional que permite que los carros y motocicletas decomisados por procesos judiciales terminen en parqueaderos contratados por la Policía, que a su vez operan sin vigilancia, sin regulación y sin garantías mínimas para los propietarios de estos vehículos. Los últimos informes revelan que en Valledupar hay más de 8.000 vehículos inmovilizados por orden judicial.
Según las denuncias verbales y anónimas de varios propietarios de los vehículos inmovilizados, esos parqueaderos privados funcionan como terrenos sin ley, en donde se impiden inspecciones y monitoreos, nadie supervisa en qué condiciones están los vehículos y, peor aún, no hay claridad ni control sobre las tarifas que se cobran por el parqueo diario o mensual. Se habla de cobros desproporcionados y arbitrarios, sin una normatividad que los regule ni una entidad estatal que responda.
Algo muy delicado es que algunos propietarios denuncian la desaparición de sus vehículos sin que exista una autoridad que asuma responsabilidad. “Nadie responde y toca entonces acudir al servicio de un abogado para que inicie el proceso de reclamación y eso lo dilatan por los siglos de los siglos”, relató con rabia e impotencia uno de los afectados.
Decíamos que estamos ante un vacío institucional debido a que todo ese caos tiene una raíz administrativa clara, tal es que la licitación convocada por la Rama Judicial a finales de 2023 para contratar los parqueaderos fue declarada desierta el 15 de diciembre de ese mismo año. Desde entonces, la ausencia de una contratación formal ha dejado la custodia de estos carros judicializados en manos de terceros sin control, sin transparencia y sin ley que garantice los derechos de sus respectivos propietarios.
Es decir, que durante todo el año 2024 y 2025 estos parqueaderos privados han estado funcionando a sus anchas panzas, algo insólito. Es inaceptable que la justicia, la misma que debe garantizar derechos y proteger el debido proceso, no sea capaz de responder por los vehículos que inmoviliza.
El llamado a nuestras autoridades de la Rama Judicial es a revisar con lupa esos procedimientos porque con la situación actual el mensaje que se está enviando a la ciudadanía es muy lamentable, en el sentido de que una persona no tiene a quién reclamar por lo sucedido con su vehículo.
Es necesario que la Rama Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura, en especial la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, que es la encargada de “establecer los parámetros para fijar las tarifas aplicables a los vehículos inmovilizados por orden judicial”, y los entes de control, actúen de manera urgente, con celeridad y responsabilidad para hallar una salida al problema.
Se requiere una nueva convocatoria de licitación transparente, que garantice condiciones dignas y controladas para el manejo de estos vehículos. Pero, además, urge una intervención inmediata sobre los parqueaderos actualmente utilizados para que se supervise su funcionamiento, se regule su cobro y se garantice la integridad de los carros allí retenidos. Que se eliminen los misterios que rondan a estos parqueaderos, los cuales mantienen a los propietarios de los automotores en total desconcierto.
