Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Valledupar con Funciones de Control de Garantías ayer cobijó con medida de aseguramiento no privativa de la libertad al exrector de la Universidad Popular del Cesar, Carlos Emiliano Oñate Gómez, junto con el exjefe de Planeación del claustro, Libanis Francisco Argüello Daza, y Paola Yuliana Rosado Guerra, acusados de presuntamente realizar dos contratos de manera irregular en la UPC.

El togado, en la continuación de las audiencias preliminares, consideró que el resto del proceso judicial liderado por la Fiscalía 12 seccional se podía cumplir a cabalidad estando los implicados en libertad.

La decisión se da luego de que el fiscal solicitará en la tarde de viernes la detención domiciliaria en contra de los entonces detenidos por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin lleno de requisitos legales, los cuales no aceparon.

Por tal razón, el ente acusador apeló la decisión sobre la medida impuesta al exrector para que esta nuevamente sea revisada en los estrados judiciales de Valledupar en segunda instancia por un juez de conocimiento.

A los tres incriminados la Fiscalía los acusa de suscribir dos millonarios contratos con el fin de Implementar el desarrollo de soluciones moduladas de automatización de control de acceso y seguridad de la universidad, que, al parecer, no se cumplieron a cabalidad.

Uno de esos contratos se celebró el 30 de diciembre del año 2015 con el número 031 y otro del 25 de agosto del año 2017.

“Se obtuvo declaraciones de la señora Sandra Milena Padilla, actual jefe de la Oficina de Planeación de la universidad, quien afirmó sobre la existencia de un nuevo contrato de suministro de agosto 25 de 2017, cuyo objeto era similar al del contrato 031…por un valor de $219.663.290. Es de resaltar que Sandra Padilla había sido designada como interventora del contrato 025 del que se negó autorizar el pago de anticipo por cuanto advirtió serias irregularidades en los estudios de conveniencia y oportunidad para la adquisición de los bienes y servicios toda vez que muchos ya hacían parte del 031 de 2015”, precisó el fiscal Gentil De León Mármol.

Según la investigación, los insumos pactados en esos documentos a la fecha actual no se encuentran o no ingresaron al almacén general de bienes de la universidad, algunos no funcionan correctamente y otros no aparecen.