Tras el ordenamiento del pago de $2.020 millones a 13 pensionados del departamento del Atlántico por concepto del reajuste por Ley 4a de 1976 (15 % anual a la mesada pensional), el agente Interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, se presentó en las instalaciones de la Policía Nacional en Barranquilla para cumplir con la orden de arresto que emitió un Juez de Tutela Segundo Promiscuo de Ciénaga por ocho días.

Sobre este hecho, Lastra explicó que se trata de recursos que por expresa disposición legal están “congelados” por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde el día de la intervención, por lo que no es viable que se ordene pagar acreencias anteriores al 15 de noviembre de 2016.

Además, dado que el fallo ordena pagar acreencias antes de la intervención y obligaciones prescritas por vía de tutela, la empresa cree que otros acreedores acudirían a este mecanismo, lo cual representaría a la organización el desembolso de dineros que según la compañía son requeridos para el funcionamiento de la misma y las inversiones de mejora con relación a la prestación del servicio en todas las zonas que hace presencia Electricaribe y que en este caso se pondría en riesgo claramente.

Desde que la empresa se encuentra intervenida, se han presentado 27 acciones de tutela por parte de pensionados, ante las cuales Electricaribe ha interpuesto acciones legales a fin de lograr la revocatoria o suspensión, con lo cual han conseguido hasta la fecha que las altas Cortes y tribunales le hayan dado la razón a dicha compañía.