EL PILÓN acompañó el primer recorrido que hizo la nueva presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) a esta obra ubicada en el sur del departamento de La Guajira. El presente informe explica el estado de la represa, los contratiempos que ha tenido la culminación de las otras fases y las inversiones que requiere para que sea puesta al funcionamiento de la población guajira.
Después de 12 años de la inauguración de la presa El Cercado en el río Ranchería, los agricultores y demás habitantes del departamento de La Guajira siguen esperando que la obra cumpla con todos los propósitos trazados.
Es decir, suministrar agua cruda a los acueductos de 9 de los 14 municipios, así como a dos distritos de adecuación de tierras, Ranchería y San Juan, y generar energía eléctrica.
La construcción de la primera fase de la estructura fue realizada entre 2006 y 2010 por la empresa Unión Temporal Guajira, contrada por el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) con una inversión de más de medio billón de pesos, alrededor de $637 mil millones, según fuentes oficiales.
La represa está ubicada en jurisdicción del municipio de San Juan, tiene por lo menos 640 hectáreas húmedas, y la capacidad de almacenar es de 198 millones de metros cúbicos en una barrera de 110 metros de altura, de acuerdo con información oficial.
Hoy la empresa de servicio público Veolia recibe el líquido del embalse (por medio de una conexión en el tubo distribuidor ubicado en el puente El Silencio) luego lo potabiliza y lo lleva a las poblaciones de Fonseca y Barrancas.
Si bien otros municipios toman agua de este río que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, los acueductos de San Juan, Hatonuevo, Distracción, Uribia, Manaure, Albania y Maicao aún no están empalmados con la estructura de conducto.
No obstante, el alcalde de San Juan del Cesar, Álvaro Díaz, dijo a EL PILÓN en octubre de 2022 que por medio de una consultoría “se están adelantando los estudios y diseños para llevar agua desde la represa del río Ranchería hasta la planta de agua potable del municipio”.
Díaz agregó que el fluído sería llevado hasta un tanque en un cerro aledaño y que por gravedad llegaría a los corregimientos La Junta, Curazao, La Peña, Los Haticos, Lagunita y Los Pondores.
La construcción de ese sistema costaría entre 25.000 y 30.000 millones de pesos y requiere la aprobación y parte de la inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que tiene las competencias sobre el agua para el consumo humano.
La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y la jefa del Ministerio de Agricultura, Cecilia López, han dialogado con Diego Bautista, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (entidad que administra el embalse), para establecer una mesa de trabajo coordinada para culminar las fases de suministro de agua y adecuación de tierras para cultivos.
La operación del megaproyecto está a cargo del Consorcio OR Construcciones e Ingeniería, empresa con domicilio en el Cesar. La administración de la estructura le cuesta a la nación 9 mil millones de pesos cada año.
Diego Bautista estuvo el reciente jueves en las instalaciones donde funciona la represa y, después de un recorrido por las obras, tuvo una reunión con las asociaciones de usuarios del río Ranchería: Asoranchería y Asosajuan.
Los líderes de estos grupos pidieron a Bautista que el proyecto sea culminado. “Desde el 2010 estamos esperando la construcción de los distritos de riego”, dijo Alfredo Martínez, quien se presentó como autoridad del pueblo wayuu.
También solicitaron la habilitación de una sede de la ADR en el departamento de La Guajira, ya que las oficinas de la Unidad Técnica Territorial n°1, presidida por el abogado Carlos César Silva, están en Santa Marta, Magdalena.
Lea: ADR busca acelerar el total funcionamiento de la represa del río Ranchería
“Están listas las líneas de distribución desde el embalse que van a hacia la zona de Ranchería y hacia San Juan del Cesar, lo que sigue es resolver cómo se atienden los predios para el riego”, explicó Bautista, ingeniero industrial.
La consultoría realizada por la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) para la actualización de los estudios y diseños de los distritos arrojó que la inversión para irrigar a más de 17.500 hectáreas es de $1.1 billón.
Además, sería necesario modificar la licencia otorgada por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira. Una vez iniciadas las obras, la construcción del distrito Ranchería podría tardar cuatro años, mientras que la del distrito San Juan por lo menos dos anualidades.
Le puede interesar: San Juan del Cesar tendría agua potable las 24 horas, según alcalde
“Estamos revisando la cofinanciación, por lo menos debería lograrse que el 30% sea esfuerzo territorial. Ahí no se está contemplando lo que corresponde a la fase de agua para el consumo humano”, agregó el presidente de la ADR.
EL PILÓN dialogó con el gobernador encargado de La Guajira, José Jaime Vega, quien aseguró que empezarán a “trabajar” en la viabilidad financiera para aportar a este propósito.
“Vamos a conseguir los recursos con los tres niveles de Gobierno para esta segunda fase de la represa. Hemos exigido que en el Plan Nacional de Desarrollo pueda darse esta victoria”, expresó el mandatario.
Esta parte de la obra ayudaría a mejorar, según Vega, “los indicadores que han mantenido en el atraso de la competitividad” a este departamento del norte de Colombia por problemas como la inseguridad alimentaria y la falta de agua potable.
Otros de los objetivos de la represa es generar energía eléctrica desde una pequeña central, aunque La Guajira ha avanzado en la instalación y utilización de otras fuentes como los paneles solares y molinos de viento.
Aunque esta fase tardaría un poco más, la idea es cubrir la necesidad del servicio en la región con 4 o 5 megavatios. Aquí también tendría que intervenir el Ministerio de Minas y Energía, hoy liderado por Irene Vélez.
Lea: Represa del Ranchería: exclusiva sobre avance de distritos de riego y acueductos
Desde la construcción del proyecto, la represa ha generado polémica tanto en las comunidades aledañas, como en otros sectores del país. En los últimos años han referenciado esta obra como un ‘elefante blanco’, es decir, inconclusa, por lo que ha sido revisada por diferentes entes de control.
En el 2015, el diario El Espectador, de Bogotá, reportaba que los indígenas wiwa se habían declarado “afectados directos por la construcción de la represa que se levantó sin su consentimiento, denunciando que no hubo un proceso de consulta previa”.
Los habitantes de Caracolí, zona rural de San Juan del Cesar, protestaron en 2021 con carteles con frases de reclamo: “Caracolí se quedó sin vías, el proyecto Ranchería es culpable”, “exigimos una vía digna, el proyecto del Ranchería acabó con ella”.
Por su parte, el presidente de la ADR considera “aún sin haber hecho las inversiones para culminar las fases de riego y acueducto, el distrito ha cumplido unos propósitos de beneficio para la región, por ejemplo la regulación porque cuando el río Ranchería se desbordaba causaba daños complejos”.
Sobre las quejas de la citada población, el directivo sostuvo que convocarán mesas de trabajo para dialogar sobre las nuevas obras alrededor de la represa.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.
EL PILÓN acompañó el primer recorrido que hizo la nueva presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) a esta obra ubicada en el sur del departamento de La Guajira. El presente informe explica el estado de la represa, los contratiempos que ha tenido la culminación de las otras fases y las inversiones que requiere para que sea puesta al funcionamiento de la población guajira.
Después de 12 años de la inauguración de la presa El Cercado en el río Ranchería, los agricultores y demás habitantes del departamento de La Guajira siguen esperando que la obra cumpla con todos los propósitos trazados.
Es decir, suministrar agua cruda a los acueductos de 9 de los 14 municipios, así como a dos distritos de adecuación de tierras, Ranchería y San Juan, y generar energía eléctrica.
La construcción de la primera fase de la estructura fue realizada entre 2006 y 2010 por la empresa Unión Temporal Guajira, contrada por el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) con una inversión de más de medio billón de pesos, alrededor de $637 mil millones, según fuentes oficiales.
La represa está ubicada en jurisdicción del municipio de San Juan, tiene por lo menos 640 hectáreas húmedas, y la capacidad de almacenar es de 198 millones de metros cúbicos en una barrera de 110 metros de altura, de acuerdo con información oficial.
Hoy la empresa de servicio público Veolia recibe el líquido del embalse (por medio de una conexión en el tubo distribuidor ubicado en el puente El Silencio) luego lo potabiliza y lo lleva a las poblaciones de Fonseca y Barrancas.
Si bien otros municipios toman agua de este río que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, los acueductos de San Juan, Hatonuevo, Distracción, Uribia, Manaure, Albania y Maicao aún no están empalmados con la estructura de conducto.
No obstante, el alcalde de San Juan del Cesar, Álvaro Díaz, dijo a EL PILÓN en octubre de 2022 que por medio de una consultoría “se están adelantando los estudios y diseños para llevar agua desde la represa del río Ranchería hasta la planta de agua potable del municipio”.
Díaz agregó que el fluído sería llevado hasta un tanque en un cerro aledaño y que por gravedad llegaría a los corregimientos La Junta, Curazao, La Peña, Los Haticos, Lagunita y Los Pondores.
La construcción de ese sistema costaría entre 25.000 y 30.000 millones de pesos y requiere la aprobación y parte de la inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que tiene las competencias sobre el agua para el consumo humano.
La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y la jefa del Ministerio de Agricultura, Cecilia López, han dialogado con Diego Bautista, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (entidad que administra el embalse), para establecer una mesa de trabajo coordinada para culminar las fases de suministro de agua y adecuación de tierras para cultivos.
La operación del megaproyecto está a cargo del Consorcio OR Construcciones e Ingeniería, empresa con domicilio en el Cesar. La administración de la estructura le cuesta a la nación 9 mil millones de pesos cada año.
Diego Bautista estuvo el reciente jueves en las instalaciones donde funciona la represa y, después de un recorrido por las obras, tuvo una reunión con las asociaciones de usuarios del río Ranchería: Asoranchería y Asosajuan.
Los líderes de estos grupos pidieron a Bautista que el proyecto sea culminado. “Desde el 2010 estamos esperando la construcción de los distritos de riego”, dijo Alfredo Martínez, quien se presentó como autoridad del pueblo wayuu.
También solicitaron la habilitación de una sede de la ADR en el departamento de La Guajira, ya que las oficinas de la Unidad Técnica Territorial n°1, presidida por el abogado Carlos César Silva, están en Santa Marta, Magdalena.
Lea: ADR busca acelerar el total funcionamiento de la represa del río Ranchería
“Están listas las líneas de distribución desde el embalse que van a hacia la zona de Ranchería y hacia San Juan del Cesar, lo que sigue es resolver cómo se atienden los predios para el riego”, explicó Bautista, ingeniero industrial.
La consultoría realizada por la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) para la actualización de los estudios y diseños de los distritos arrojó que la inversión para irrigar a más de 17.500 hectáreas es de $1.1 billón.
Además, sería necesario modificar la licencia otorgada por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira. Una vez iniciadas las obras, la construcción del distrito Ranchería podría tardar cuatro años, mientras que la del distrito San Juan por lo menos dos anualidades.
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“Estamos revisando la cofinanciación, por lo menos debería lograrse que el 30% sea esfuerzo territorial. Ahí no se está contemplando lo que corresponde a la fase de agua para el consumo humano”, agregó el presidente de la ADR.
EL PILÓN dialogó con el gobernador encargado de La Guajira, José Jaime Vega, quien aseguró que empezarán a “trabajar” en la viabilidad financiera para aportar a este propósito.
“Vamos a conseguir los recursos con los tres niveles de Gobierno para esta segunda fase de la represa. Hemos exigido que en el Plan Nacional de Desarrollo pueda darse esta victoria”, expresó el mandatario.
Esta parte de la obra ayudaría a mejorar, según Vega, “los indicadores que han mantenido en el atraso de la competitividad” a este departamento del norte de Colombia por problemas como la inseguridad alimentaria y la falta de agua potable.
Otros de los objetivos de la represa es generar energía eléctrica desde una pequeña central, aunque La Guajira ha avanzado en la instalación y utilización de otras fuentes como los paneles solares y molinos de viento.
Aunque esta fase tardaría un poco más, la idea es cubrir la necesidad del servicio en la región con 4 o 5 megavatios. Aquí también tendría que intervenir el Ministerio de Minas y Energía, hoy liderado por Irene Vélez.
Lea: Represa del Ranchería: exclusiva sobre avance de distritos de riego y acueductos
Desde la construcción del proyecto, la represa ha generado polémica tanto en las comunidades aledañas, como en otros sectores del país. En los últimos años han referenciado esta obra como un ‘elefante blanco’, es decir, inconclusa, por lo que ha sido revisada por diferentes entes de control.
En el 2015, el diario El Espectador, de Bogotá, reportaba que los indígenas wiwa se habían declarado “afectados directos por la construcción de la represa que se levantó sin su consentimiento, denunciando que no hubo un proceso de consulta previa”.
Los habitantes de Caracolí, zona rural de San Juan del Cesar, protestaron en 2021 con carteles con frases de reclamo: “Caracolí se quedó sin vías, el proyecto Ranchería es culpable”, “exigimos una vía digna, el proyecto del Ranchería acabó con ella”.
Por su parte, el presidente de la ADR considera “aún sin haber hecho las inversiones para culminar las fases de riego y acueducto, el distrito ha cumplido unos propósitos de beneficio para la región, por ejemplo la regulación porque cuando el río Ranchería se desbordaba causaba daños complejos”.
Sobre las quejas de la citada población, el directivo sostuvo que convocarán mesas de trabajo para dialogar sobre las nuevas obras alrededor de la represa.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.