Para las personas mayores de 40 años tal vez les pareciera estar viviendo un “deja vú” con todo lo que está pasando en Colombia. El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en Bogotá, ha sacudido los cimientos de la política colombiana. El joven sicario de 14 años que perpetró el ataque, hirió al senador en la cabeza y en la pierna, reavivando los temores de una violencia política que parecía superada.
Aunque el autor material fue detenido, las autoridades aún investigan a los responsables intelectuales, con hipótesis que incluyen desde motivaciones personales hasta intentos de desestabilizar el país.
Y como si eso fuera poco, simultáneamente, el suroccidente colombiano enfrenta una arremetida terrorista sin precedentes. Disidencias de las FARC, lideradas por Iván Mordisco, han ejecutado al menos 24 atentados en el Cauca y el Valle del Cauca, con saldo de siete muertos y 28 heridos. Entre las víctimas se encuentran dos policías y varios civiles, incluyendo tres fallecidos por un carro bomba en Jamundí. Municipios como Corinto, El Bordo, Timbiquí y Buenaventura han sido blanco de ataques, generando pánico y desplazamiento.
Precisamente, justo cuando el pasado domingo, junto con los reconocidos periodistas María Jimena Duzán y Jorge Cardona, durante la FELVA, se analizaba ese pasado violento en el que fue asesinado el director de El Espectador, don Guillermo Cano y varios candidatos presidenciales, se vuelven a poner frente a nosotros nuevos hechos que evidencian una escalada de violencia que no distingue entre actores armados ilegales y actores políticos.
El atentado a Uribe Turbay, hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991, simboliza la continuidad de una historia de violencia política que persiste en el tiempo. Mientras tanto, la arremetida terrorista en el suroccidente refleja la debilidad del Estado frente a grupos armados organizados que desafían su autoridad.
Para muchos de los analistas de Colombia, la respuesta del gobierno ha sido insuficiente. Aunque se han ofrecido recompensas y se han reforzado esquemas de seguridad, la percepción de inseguridad persiste. La polarización política y la falta de confianza en las instituciones agravan la situación, dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión e incertidumbre permanente.
“Colombia vuelve a estar en una encrucijada”, nos repiten muchas voces en los distintos medios de comunicación, al tiempo que piden al gobierno que asuma su responsabilidad en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en la garantía de un proceso electoral libre de violencia. Desde estas líneas compartimos esos criterios, en el sentido de que la unidad nacional, el fortalecimiento de la justicia y el respeto por la democracia ahora más que nuca se necesitan para superar esta crisis. De lo contrario, el país corre el riesgo de retroceder a épocas oscuras de su historia.
Es momento de que todos los sectores de la sociedad colombiana se unan en defensa de la paz, la democracia y la vida. La violencia no puede ser la respuesta, la reconciliación y el diálogo deben prevalecer.
Aunque por ahora el azote de la violencia pareciera desarrollarse lejos de nuestra región, sus impactos trascienden todos los límites territoriales y los podemos sentir con la misma intensidad en el Cesar y La Guajira.
Basta ya de seguir leyendo titulares de prensa como: “Atentados sacuden Colombia y ponen en riesgo la democracia”, “Atentados dejan en suspenso la carrera presidencial en Colombia”, “Colombia amanece azotada por dos carros bombas”, eso debe parar desde La Guajira hasta el Amazonas. Todos somos Colombia.
