Mientras en el Cesar el tema de las poblaciones asentadas a pocos metros de la actividad minera en el centro del departamento, ha pasado sin pena ni gloria, casi desapercibido, esta semana se conoció el llamado vehemente que desde Bogotá hacen tres organizaciones –nacionales e internacionales- para que el Gobierno Nacional, empresas y sociedad en general vuelvan sus ojos a tres pueblos que están en la miseria: El Hatillo y Plan Bonito en el municipio de El Paso, y Boquerón en La Jagua de Ibirico.

El Centro de Investigación y Educación Popular – Programa por  la Paz (CINEP/PPP), la misión de PAS – Pensamiento y Acción Social-, y la misión del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, promueven una misión humanitaria y periodística a la comunidad de El Hatillo, que tendrá como objeto visibilizar la situación y llevar ayudas humanitarias conseguidas a través de canales de solidaridad nacionales e internacionales.

Esta misión tiene como base un Comunicado Público que emitieron los pobladores de El Hatillo, en el que denuncian la pobreza, el hambre, el desempleo y las enfermedades que padecen los habitantes de este pequeño pueblo, donde viven 117 familias. Igual situación se presenta en Plan Bonito y Boquerón.

Según la Resolución 0970 del 20 de mayo de 2010, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, las empresas Drummond Ltd, C.I. Prodeco, Colombian Natural Resources y Vale Colombia, deben responder por el reasentamiento de comunidades ubicadas en el área de influencia de la explotación minera de carbón desarrollada por éstas. En esta Resolución exponen el Concepto Técnico 0558 del ocho de abril de 2010, en el que explican que “El reasentamiento es un mecanismo de protección de  la población, orientado a mitigar los impactos que sobre una población se pueden estar presentando por el desarrollo de un proyecto… El objetivo general del reasentamiento debe consistir en mejorar la calidad de vida, la seguridad física, la capacidad productiva y los ingresos de todas las poblaciones afectadas”.

El próximo mes de abril se cumplirán tres años, y sin embargo, las poblaciones que ordena esta Resolución deben ser reasentadas, siguen en el olvido, en peores condiciones quizás. En estos tres años ha pasado de todo: agudizan las enfermedades respiratorias y de piel, las fuentes de agua están más contaminadas, la tierra ya no produce, no hay empleo. Pero más allá de estas situaciones, también han aparecido los avivatos, como ocurre en el corregimiento de Boquerón, donde aumentó el número de familias, pues la noticia de que serían reasentadas, provocó la llegada de muchas familias esperanzadas en tener una mejor vida, lo que finalmente empeoró el panorama.

De acuerdo con la Resolución 0970, debe estar integrado un Comité Operativo que hará función de seguimiento a las actividades del reasentamiento, que luego fue confirmado por la Resolución 1525 del cinco de agosto de 2010, que resolvió los recursos de reposición de interpuestos por las empresas, el cual debe estar conformado por el representante de la entidad contratada para llevar a cabo el reasentamiento; el representante de la interventoría, por lo menos un representante de cada una de las empresas titulares de las Concesiones Mineras obligadas a llevar a cabo el reasentamiento; y podrán asistir, como invitados, un representante de cada una de las comunidades a reasentar; un delegado de la Gobernación del Cesar, un delegado del Defensor del Pueblo, el Corpocesar y un representante del Incoder. ¿Será qué han hecho bien su papel? Esperemos las conclusiones de la Misión Humanitaria y Periodística que se realizará la próxima semana.