Según un informe presentado por la Misión de Observación Electoral, MOE, de los 102 senadores que ayer terminaron su periodo constitucional 2014- 2018, 48 lo hicieron con investigaciones penales iniciadas en su contra por diversos hechos. Es decir, que el 47% de los senadores están inmersos en pesquisas adelantadas por la Corte Suprema de Justicia. Además de las investigaciones, por pruebas encontradas en su contra, la Corte ha ordenado la captura de cuatro senadores, por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción, de los cuatro capturados, a la fecha, han recibido sentencia condenatoria dos de ellos.

Para la Cámara de Representantes la situación es similar. De los 166 representantes electos en 2014, 48 de ellos terminaron su periodo con investigaciones adelantadas por la Corte Suprema. Es decir, que el 29% de los representantes están inversos en investigaciones penales.

En ese sentido, se concluye que el último periodo constitucional del Congreso de la República quedó marcado por graves hechos de corrupción administrativa y judicial que han involucrado a varios de sus miembros, por lo que hay un gran peso moral sobre los repitentes y nuevos inquilinos del Capitolio Nacional.

Con la posesión de ayer, el mayor porcentaje de senadores son ya conocidos, tanto porque repiten curul (39%) como aquellos que ascienden de la Cámara al Senado (22%), aquellos que son reemplazos de una casa política (6%) y quienes vuelven luego de transitar otros cargos (2%), según el análisis de la MOE.

En cuanto a la Cámara de Representantes, más de la mitad de los congresistas elegidos son nuevos en la corporación (53%). Entre los congresistas que ya han pasado por la Cámara de Representantes están los que repiten curul (31%), los que son reemplazos de una casa política (14%) y quienes vuelven (2%).

Es utópico esperar que la tendencia hacia la corrupción cambie en el periodo constitucional del Congreso que comenzó ayer, pero sí exhortamos a los congresistas cesarenses a trabajar en el marco de la transparencia, alejados de las malas prácticas que tanto daño le hacen al país y al departamento que representan. Queremos una buena gestión en este órgano que tiene como funciones principales la representación de la nación, la dación de leyes, la permanente fiscalización y control político, orientados al desarrollo económico, político y social del país, así como la eventual reforma de la Constitución y otras funciones especiales.

Como nunca, el departamento del Cesar tiene una gran representación en la esfera nacional, con seis congresistas y varios funcionarios en el gabinete presidencial; con Jhonatan Malagón como ministro de Vivienda; Juan Manuel Daza, viceministro del Interior, y otros nombres que están en el tintero de Duque para diferentes cargos.

En el Senado de la República contamos con Didier Lobo Chinchilla y José Alfredo Gnecco, mientras que tenemos como representantes a la Cámara a Eloy Quintero Romero, Cristian Moreno Villamizar, José Eliécer Salazar López y a Alfredo ‘Ape’ Cuello Baute.

Esperamos sinergia entre estos personajes, el gobierno nacional, los mandatarios locales y el departamental, para que con proyectos sociales y económicos efectivos puedan disminuirse los alarmantes índices de pobreza.