El primer reto para que el Ministerio de Hacienda permitiera el ingreso de Tamalameque a la Ley 550 para la reestructuración de su deuda, era organizar la documentación con todos los acreedores que tenía el Municipio.

Con publicaciones en periódicos, volantes, visita a juzgados y hasta perifoneando en las calles, la administración local se dio a la tarea de consagrar a todas las personas o empresas a los que el municipio en los últimos años no les hubiera cumplido con el pago de sus compromisos. Al final, se pudo comprobar que Tamalameque le debía a 354 acreedores alrededor de $12.933 millones. Sumando los procesos que están por resolver, la deuda llegaría a $20.000 millones.

Pero, ¿cómo un municipio que no alcanza a percibir $300 millones anuales por concepto tributarios como impuesto predial o de industria y comercio, termina con una deuda casi similar a todo el recurso que le llega anualmente? La respuesta es el pésimo manejo de los recursos.

“Hacían contratos sin tener flujos para pagar e incluso se comprometían con deudas que al Municipio no le correspondían”, aseguró un funcionario del Municipio.

DURA ADMINISTRACIÓN

Por esas deudas, en los últimos tres años apenas llegaba un recurso, algún juez del Cesar o nacional que llevaba un proceso en contra de Tamalameque, ordenaba embargarlo.

“Incomodo administrar de esa manera el municipio porque cada vez que querías organizar algo para del Plan de Desarrollo, no podías ejecutarlo, siempre se dificultaba. Fueron tres años y medio duros, con los embargos encima. Era mensualmente, todos los giros que nos hacía el Gobierno nacional eran embargados por los procesos laborales”, señaló el alcalde de Tamalameque, Jorge Alonso Castro.

De todos los acreedores, las 61 demandas laborales dentro de los procesos con los docentes eran la principal dificultad para el manejo de recursos. Cada destinación de recursos que llegaba, se iba directamente a pagar los embargos.

Pero no es el único proceso. Por ejemplo, a Electricaribe el municipio le debe alrededor de $3.500 millones por el servicio de electricidad de los últimos años. Situación similar con el concesionario de alumbrado público, al que no le giran recursos desde hace diez años.

“Nosotros llegamos a Tamalameque en el 2010. El contrato se pactó por diez años para la administración y mantenimiento del alumbrado público. En el primer año realizamos una inversión de $400 millones. Continuamos con la operación del recurso, pero nunca se ha podido realizar un pago completo de nuestro costo mensual. Llevamos nueve años y solo hemos recibido un único pago y los pagos son mensuales. Uno solo en nueve años”, señaló Isabela Suárez, del Concesionario de alumbrado público de Tamalameque.

GRUPOS

La buena noticia es que con el ingreso a la Ley 550 se paralizarán todos los embargos y se establecieron fechas de pago para cada acreedor.
El concesionario de alumbrado público hace parte de uno de los tres grupos con los que el Municipio se comprometió a pagar la deuda desde el 2020 hasta el 2025. El primer grupo lo conforman 167 acreedores que son trabajadores, extrabajadores y pensionados a los que Tamalameque le adeuda $1.360 millones y que se comprometió a pagar en el siguiente año (2020-2021).

El segundo grupo son las entidades públicas y de seguridad social a los que el Municipio adeuda $4.196 millones. Este caso es particular porque en la reunión de acreedores hizo presencia un extrabajador que no se ha podido pensionar porque la Alcaldía, aunque le quitó cada mes la seguridad social, nunca la giró a la empresa. Entonces, no le cuentan esos dos años que trabajó en Tamalameque.

Y con el tercer grupo la deuda alcanza los $7.377 millones. Allí están agrupados empresas como Electricaribe y el concesionario de alumbrado público a los cuales, según lo planificado, se les pagará del 2022 al 2025.

“Esto lo hacemos para que el próximo mandatario reciba unas finanzas en orden”, señaló el alcalde de Tamalameque. Pero para poder cumplir con las deudas, el Municipio tendrá que redireccionar los recursos de varios departamentos. Empezando por la racionalidad en el gasto, esto es reduciendo la adquisición de servicios y la reducción de los servicios personales indirectos en un 20 % cada uno. En otras palabras, reducir personal.

Igualmente, el impuesto por transporte de hidrocarburo y los recursos que gira el Sistema General de Participación para invertir en el cuidado del río Magdalena, serán destinados en su totalidad al pago de la deuda. Mientras que del recurso que gira el SGP como libre inversión irá el 50 % a cumplir con los compromisos.

POR: DEIVIS CARO / EL PILÓN
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