Luis Alfonso Castrillón narra entre lágrimas el proceso que personas como él han vivido a la espera de sus viviendas en la urbanización El Edén como beneficiarios de dicho proyecto.

En su caso, la tristeza llega al recordar que su madre falleció a la espera de poder mudarse a su vivienda propia, la cual les fue asignada por residir en la Esperanza Oriente, sector ubicado en la ribera del río Guatapurí. “En todo esto de esperar falleció mi mamá. Han venido también otras madres y abuelas falleciendo esperando estas viviendas”, expresó Castrillón.

En el año 2011 recibió una carta cheque y desde entonces ha esperado con el paso de los años que se materialice la realidad de acceder a su casa. Aunque en principio se habló de menos de un año para que los favorecidos recibieran sus viviendas, el proceso se dio por grupos con los que se lograron entregar cerca de 180 residencias.

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Según relata Castrillón, en un momento decayó la construcción en el lapso de un año en el que se hizo un cambio de constructor.

“Ese proceso se vino dando y de ahí a este momento proceden personas ajenas a hacer una invasión. La construcción se para nuevamente y tenemos hoy tres años que eso está invadido por personas ajenas al proyecto”, asegura.

Por eso ahora están a la espera de que a través de la administración local se dé cumplimiento a una acción legal tramitada por los beneficiarios para que se pueda concluir la obra y ellos accedan a sus viviendas.

Precisamente, como respuesta a la acción de tutela que había interpuesto esta población beneficiada fue que se ordenó el desalojo previsto para el pasado martes. Sin embargo, dicho procedimiento fue cancelado a última hora por otra acción interpuesta en defensa de los invasores.

El proceso ha resultado extenuante para esta comunidad que ahora espera que el juez que lleva el caso una vez recopile toda la información que solicitó sobre este pleito pueda fallar a favor de ellos.

“Hemos requerido de mucha fortaleza, somos familias también desplazadas, vulnerables, víctimas, madres cabeza de hogar. Llevamos más de 25- 30 años en todo este trámite por esa vivienda”, explicó.

Para él resulta incomprensible que habiendo una población determinada para este proyecto, quienes cuentan además con un título de propiedad no puedan tener cumplimiento de su beneficio porque existen personas ajenas en dichas propiedades.

“Es una cosa imposible que no le cabe a uno en la mente que se le permita más al que va entrando que al propio dueño”, argumenta. Al tiempo reconoce que algunas de las personas que se encuentran en sus viviendas también tienen muchas necesidades y requieren atención por parte de las autoridades, pero esperan que las soluciones se puedan dar a partes iguales.

Para ese fin cree pertinente que se atienda a la población que invadió desde el inicio, ya que en estos años este grupo ha ido fluctuando de acuerdo con los censos que registran, y que la misma se una formando una nueva representación para que busquen una alternativa viable con la administración local en la que se dé prioridad a las víctimas. En este sentido se ha detectado que varias personas que hoy se encuentran en estas casas figuran como beneficiarias en otros proyectos de vivienda.

Ahora esperan que estando la situación en conocimiento de todos los juzgados de la ciudad si el alcalde determina una nueva fecha para el desalojo, no se detenga otra vez dicha diligencia. Todo esto cuando el juez entregue su resolución al respecto.

Según Castrillón, para este fin la administración local ha adelantado las gestiones pertinentes a fin de entregar toda la documentación necesaria. Al tiempo que les han socializado a detalle la situación y ellos mismos se comunicaron con el juez explicando las circunstancias precarias en las que se encuentran en la margen derecha del río.

“Entendemos que todo eso es posible aquí en Colombia y en la Rama Judicial”, agrega Castrillón.

Por último reitera que no acusan a todos los que se encuentran allí porque reconocen sus necesidades y no son ajenos a eso, pero enfatiza que cerca de un 80 % de estas personas no son las iniciales. Así como también deja en claro que muchos han sido amenazados por defender lo que les corresponde.

De igual manera sugiere que se brinde más asesoría a estas poblaciones sobre las oportunidades para acceder a una vivienda puesto que muchos han invertido en estas propiedades sin contar con documentos legales cuando lo han podido hacer con una propiedad que cumpla con los requisitos legales.

Por el momento en Fonvisocial esperan que la Oficina Jurídica de la Alcaldía adelante todos los trámites respectivos entre los que se van a entregar los fallos de tutelas anteriores en este mismo caso. “Estamos esperando la parte jurídica a ver qué solución le dan”, aseguró Gabriel Pineda, subgerente de desarrollo social de Fonvisocial.