En estos días en que se agita la política es bueno recordar que un elemento vital de dicha ciencia y actividad es la conversación, el diálogo, la negociación. Son los instrumentos más afines a la condición racional del ser humano en su entendimiento con los demás, en la construcción de reglas y en la superación de diferencias. 

Es lo que nos entusiasma a insistir, a proponer,  que se adelante con energía y proactividad la política de la convivencia, el respeto y el permanente diálogo para superar las diferencias que se presentarán entre, y con,  los pueblos  indígenas. 

Toda victoria de una fracción en contraposición a la otra no es más que un éxito temporal y frágil si no se asegura la legítima unidad del pueblo. Es la reiteración que hoy hacemos desde estas páginas al liderazgo regional indígena. 

Buen comunicado el del nuevo liderazgo arhuaco -ahora predominante por reciente decisión  constitucional-, sobre la suspensión de la visita que la alta Corte Constitucional iba a realizar a Nabusímake, con el fin de explicar a la comunidad los fallos en la materia,  en razón de que no se daban condiciones de tranquilidad y seguridad para hacer un evento deliberativo como el que se pretendía.     

Del documento observamos una afirmación  que no es cierta. Se afirma que el gobierno arhuaco destronado estaba permitiendo que se desarrollaran proyectos en la Sierra, como el de Besotes, y que adelantaba una consulta previa para ese propósito. 

Debemos aclarar que no puede, a estas alturas, estar adelantando aún una  ‘consulta previa’ de Besotes. Esa consulta se realiza dentro del trámite ambiental –aún no iniciado-  y una vez se defina qué es lo que se propone hacer, dónde, en qué dimensión, se definan  los impactos ambientales y sociales, incluyendo los de los sitios o bienes preciados del pueblo originario. Y para eso se requieren  los correspondientes estudios. 

Nos parece que lo más sensato es dejarlos hacer. Obstaculizarlos es contraproducente y egoísta. La población vallenata vive orgullosa de sus antepasados indígenas y de los que han sobrevivido a periodos de exclusión y extinción. 

Pero también espera que un servicio público vital como el agua no se le niegue por una posición obcecada de oposición a una solución que podría ser vital para su existencia.  

Porque si se comprueba que esa es la única o la más conveniente alternativa para solucionar el desafío del agua potable de Valledupar y sus próximas generaciones,  cuya población superará el millón de personas en próximas décadas, cuando se tenga el proyecto definitivo debe concertarse con las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del territorio. 

Nos parece que es lo más sensato, lo más justo. Pensar siempre que el diálogo es el camino para construir acuerdos, aún conservando ciertas diferencias. 

Los esfuerzos que haga el Ministerio del Interior, convocando a las comunidades y la Gobernación del Cesar tienen todo nuestro respaldo. La Sierra, las comunidades, lo requieren y Valledupar y su área metropolitana lo demandan.