Los ‘bonos Carrasquilla’, que nacieron como un sistema de crédito para la construcción de acueductos en el país, son tema de debate por estos días puesto que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es cuestionado por el Congreso de la República debido a esta estrategia que impulsó como ministro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El municipio de Valledupar fue uno de los entes territoriales que accedió a estos bonos a través de un préstamo para contratar obras que buscaban superar las dificultades para el suministro de agua potable, tanto en la cabecera como en las zonas rurales.

Sin embargo, los recursos llegaron, pero muchos de los proyectos no se terminaron, quedando las finanzas de los entes territoriales ‘ahogadas’ con préstamos a largo plazo, y las comunidades sin solucionar el problema de abastecimiento del vital líquido.
Al respecto, el exalcalde Fredys Socarras Reales manifestó que “ese fue un crédito improvisado; se supone que el Concejo Municipal no puede aprobar proyectos de créditos cuando no hay los diseños, porque dar esta facultad a un alcalde (en este caso a Luis Fabián Fernández) es como entregar un cheque en blanco. En el mes de mayo se hizo el desembolso y los proyectos no estaban hechos. El municipio vino a tener un proyecto en octubre; lo que inició con pie izquierdo porque tuvo que pagar 500 millones mensuales por intereses sin haber utilizado los recursos”.

Agregó que “los proyectos no tuvieron impacto; la idea con la que vendieron ese crédito era que el municipio iba a resolver todos los problemas de agua, pero cuando un gobernante encuentra los órdenes de prioridad es: agua potable, luego alcantarillado y de ultimo aguas lluvias. En Valledupar hicieron al revés, se pusieron a hacer un colector de aguas lluvias por 12 mil millones de pesos; esos recursos pudieron dirigirse a cambios de filtros en la planta para resolver la recolección de agua cuando llueve, reservorio, cambio de tuberías obsoletas y envejecidas de asbesto cemento, tanques elevados para aumentar la presión del agua, entre otros aspectos”.

“Los llamados ‘bonos de agua’ tenían una serie de restricciones que son ajenas a toda la estructura de financiamiento de Colombia, principalmente porque las deudas no podían ser reestructuradas ni prepagadas”, así lo denunció desde el 2013 el entonces alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás, añadiendo: “Este año hemos pagado de esos 36 mil millones de pesos, 15 mil millones, y no hemos abonado un peso al capital. Aquí quedo Valledupar hipotecado”, dijo Socarrás hace cinco años.

El secretario de Hacienda Municipal, Eudes Fuentes, explicó que “los bonos Carrasquilla fue un crédito que hizo la entidad territorial en el 2010 por 41 mil millones de pesos a una tasa de la DTF + 11 puntos, la cual tenía un condicionante que no se podía prepagar esa deuda. El municipio el año anterior logró prepagarla a través de una solicitud a Findeter y vieron a bien que el municipio hiciera esa operación; fue así como a través del BBVA se hizo la nueva operación del crédito por 39 mil millones de pesos. Esto beneficia totalmente al municipio, ya que se logró una mejor tasa con IPC+5 puntos, lo que nos significó una reducción de 6 puntos”.

El funcionario explicó: “En esta negociación nos prestaron 39.334 millones de pesos a un plazo de 10 años, que terminaríamos de pagarla en el 2028, deuda que está pignorada el 75 % de agua potable y saneamiento básico. El inconveniente con la tasa anterior es que este año no hubiese alcanzado la plata que manda la Nación para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, teniendo en cuenta que el municipio recibe anualmente por este sector entre 11.500 a 12.500 millones de pesos. Gracias a que sustituimos esa deuda, con una tasa más baja, hoy nos alcanza para apalancar la deuda y nos queda plata para pagar subsidios y otras intervenciones. El servicio de la deuda a la tasa más baja quedó en 7.400 millones de pesos, lo que significa que el municipio se ahorra por año cerca de 4.500 a 5.000 millones de pesos”.

Por su parte, el presidente del Concejo, Yesith Triana, dijo: “Este proyecto fue bastante lesivo por el tema de los intereses. Uno como Concejo confiando en la buena fe y analizando que eran recursos que estaban apoyados por el Ministerio de Hacienda dimos la facultad al alcalde Luis Fabián Fernández de acceder al crédito. La responsabilidad de la tasa era de la administración del entonces alcalde; estos recursos ya fueron recogidos por Findeter y la deuda entró a Ley 550 y hoy mejoró las condiciones, porque la verdad no era fácil de pagar por sus tasas. Esto se dio en el afán de atender una necesidad apremiante que había en la ciudad de la prestación de servicio de acueducto en el municipio, porque se iba el agua en diferentes sectores, por lo que el Gobierno accedió a este tipo de crédito que lo llamaron crédito Carrasquilla”.

EN SÍNTESIS

Valledupar tuvo un empréstito por $36.765 millones para la ejecución de cuatro contratos de obras que quedaron a medias, y por los cuales los organismos de control abrieron investigaciones.

Entre estos se cuenta el caso del acueducto del corregimiento de Camperucho, donde la Contraloría determinó un detrimento de $538 millones, tras quedar inconcluso. Según las pruebas recogidas por el grupo auditor, se evidenció que la tubería no pudo llegar a esa población, faltando 2.348 metros, lo que no permitió que el acueducto funcionara. Así lo plasmó El Heraldo.

El veedor ciudadano de Valledupar, Jaine Mora, dijo que a pesar de que la Contraloría estableció un detrimento de $538 millones por las obras inconclusas del acueducto de Camperucho, y que la Fiscalía asumió una investigación para determinar responsabilidades penales por lo mismo, no existen sanciones al respecto. Mora indicó que “es lamentable y preocupante, el hecho de no cumplir con el objetivo de una obra tan importante para la comunidad. Además, el caserío se quedó con la necesidad que era primordial resolver”.

El crédito agudizó la crisis financiera del municipio, al punto que fue uno de los detonantes para que este entrara en Ley 550.

En 2010, bajo el mandato del entonces alcalde Luis Fabián Fernández, la administración local acudió a los ‘bonos de agua’, comprometiendo vigencias futuras del Sistema General de Participación (SGP) por 19 años. La mayoría de las obras quedaron siniestradas, y en cambio los pasivos de Valledupar ascendieron a $211.000 millones, que fue el total de las acreencias que entraron en reestructuración con la llamada ‘Ley de Quiebras’, que empezaron a pagarse en 2014.

La tasa de interés fue generosa, al punto que tal como se concibió el crédito, Valledupar en los 19 años terminaría pagando unos $90.000 millones, prácticamente el triple de lo que recibió el municipio.

INVESTIGACIONES

La Contraloría Municipal adelantó una investigación sobre este crédito y en un informe de 54 páginas reveló inconsistencias. Para el préstamo se comprometió el 75 % del SGP (Sistema General de Participación).

Dentro de los hallazgos más relevantes el ente de control encontró que se aprobaron unas vigencias futuras sin realizar los estudios previos de tipo financiero, por lo que a la hora de la aprobación del empréstito no se consideró cuántas obras se iban a construir ni el valor de cada una, ni mucho menos el tiempo de ejecución de las mismas.

Por otra parte, la Contraloría también encontró sobrecostos en los materiales utilizados por contratistas.

ESCÁNDALO DE CARRASQUILLA

En la sesión plenaria de hoy, en el Senado de la República, se espera que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explique en detalle el tema de los ‘bonos de agua’, que genera preocupaciones en varios sectores, empezando por el Congreso, donde se podría incluso promover una moción de censura que, si bien es muy difícil de lograr, de prosperar lo obligaría a apartarse de su cargo.

La polémica está relacionada con un supuesto favorecimiento de Carrasquilla con una ley promovida en su anterior gestión como ministro y que le habría permitido obtener ciertas ganancias, a costa del endeudamiento de varios municipios del país, a traves de la Sociedad Konfigura Capital Ltda., de la cual era socio, y que actuó como asesora de la emisión (bonos agua), prestando sus servicios de consultoría y asesoría financiera, circunstancia de la que deberá defenderse.

La directora de la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio Hacienda, Ana Lucía Villa, dijo que los $440.000 millones en bonos que se colocaron como préstamos a 117 municipios para obras de saneamiento público, se constituyeron en una “forma de financiamiento altamente costosa, de muy largo plazo y tiene una serie de restricciones que son ajenas a toda la estructura de financiamiento de Colombia”.

Tal afirmación, según el periodista Daniel Coronell, es de importancia si se tiene en cuenta que Villa es una de las directivas con mayor reputación en ese Ministerio por cuanto ha hecho parte del alto Gobierno desde 1998.

Para ejemplificar mejor el descalabro financiero en el que cayeron más de un centenar de municipios del país con los llamados “bonos agua”, Villa aseguró que los alcaldes aceptaron pagar una deuda de largo aliento y con el interés más alto del mercado.