En el 2017, las comunidades de las veredas Dos Brazos, de Chimichagua; El Tambo, Astrea; Las Morrocoyas y Tres Unidas en Curumaní; Los Martínez y La Libertad, en Chiriguaná; Raíces bajas y Raíces Altas de Pelaya, recibieron con esperanza el anuncio que a través de un contrato de $5.315 millones por fin ingresarían al siglo XXI y tendrían energía eléctrica.

El plazo que puso la Gobernación del Cesar y el contratista fue de 8 meses para construir e instalar las redes de baja y media electrificación rural y un centro de transformación en las 8 veredas. Teniendo en cuenta que el contrato se firmó en julio  de 2017, en marzo del 2018 ya podrían por fin prender el televisor o cargar una batería sin necesidad del ruido de una planta.

Sin embargo, se cumplió el plazo y la energía no llegó. Incluso, casi 4 años después, en las veredas Los Martínez y La Libertad, de Chiriguaná; y Raíces bajas y Raíces Altas de Pelaya, siguen a oscuras y las redes y postes están ‘al aire’, en detrimento de la inversión pública. 

Así lo denunció en su momento la diputada Petra Romero. “El contrato 1150 de 2017, celebrado hace más de 3 años por la Gobernación del Cesar, ilusionó a los habitantes de la zona rural de Curumaní, Pelaya, Chimichagua y Chiriguaná con tener el servicio de luz, sin embargo hoy encontramos los postes en el piso, las redes caídas; los elementos instalados han sido robados por la falta de supervisión e intervención”, denunció la diputada, luego de una visita a las veredas.

¿INCUMPLIMIENTO?

Este proceso fue adjudicado durante la administración del exgobernador Franco Ovalle al Consorcio Chimichagua 2017, quienes obtuvieron un puntaje casi perfecto (999 puntos). El Consorcio lo conformaron: WD Ingeniería S.A.S. (55 % de participación), Idelec Ideas Eléctricas S.A.S. (25 %) y José Fernando Colorado López (20 %). 

Lea también: Los disgustos que causó el nombramiento de nuevo gerente en el Hospital de Chiriguaná

Pero, según manifestaron los contratistas en las actas de suspensión y prórroga, la obtención de las licencias ambientales e intervenciones impidieron cumplir con lo pactado en el contrato.

 El caso es que la Oficina Asesora Jurídica de la actual administración abrió un proceso jurídico en contra del consorcio para investigar un presunto incumplimiento de lo pactado, “según lo reportado por la supervisión e interventoría del contrato de obra”, explicó Sergio Barranco, jefe de la Oficina Jurídica del Cesar.

En ese sentido, EL PILÓN  contactó al profesional Diego Mauricio Largo Patiño, representante legal del consorcio, quien señaló que el proyecto avanza en un 90 %. Por eso, no se ha podido liquidar el contrato, lo cual le permite a la administración departamental exigir el cumplimiento de obligaciones.

Sin embargo, desde noviembre de 2020, según los supervisores, no hay avance en la obra, al parecer, porque el contratista quedó desfinanciado económicamente. 

No obstante, para evitar una sanción, en una mesa de trabajo, el consorcio solicitó otra ampliación de tres meses, la cual está bajo estudio de la Oficina Jurídica. Si decide negarla, lo más probable es que aplique una sanción al contratista por incumplimiento y haga efectiva la póliza de seguro. 

PRORROGAS Y ADICIONES

Lo primeros problemas que impidieron el cumplimiento de lo acordado surgieron en marzo del 2018, fecha inicial de entrega de la obra. Por eso, a los 4 días del mes de abril de ese año el contratista solicitó la primera prórroga, aduciendo que  el proyecto requería de la intervención de la vegetación de las zonas de influencia del tendido eléctrico y los permisos no habían sido entregados por Corpocesar. Según una fuente cercana al proceso, la “lentitud de la corporación para entregar los permisos también impidió cumplir los tiempos”.  

En ese momento se adicionaron 90 días para terminar la obra y legalizar los contratos ante Electricaribe, hoy Afinia. La nueva fecha de terminación era el 28 de julio de 2018. Sin embargo, nuevamente pidieron otros 3 meses aduciendo que Corpocesar no había entregado los permisos. 

Se adicionaron otros 90 días y la nueva fecha de finalización quedó para el 28 de octubre de 2018. Pero se cumplió la adición y  nuevamente no pudo entregarse la obra. En ese momento, el avance físico era del 80,5 %. El retraso del 19,5 %, según el contratista, obedecía a “las fuertes lluvias presentadas en las zonas, especialmente en las veredas Raíces Altas y Raíces Bajas, en el municipio de Pelaya”. Además, en Chiriguaná contrataron una placa huella que no fue recibida por la Alcaldía municipal por temas de calidad. 

Dicha placa huella tenía una resistencia máxima de 15 toneladas, lo que llevó al contratista a cambiar el material de los postes a fibra de vidrio, decisión cuestionada en su momento. Otra vez, la adición fue de 90 días. Y la nueva fecha de finalización sería en enero del 2019. Llegó la prorroga 4 y tampoco se cumplió el tiempo. Y ahora el plazo final era en mayo de 2019. Dos años desde su contratación y la obra no había concluido.

¿Errores en la planeación? ¿Negligencia por parte de la entidad ambiental?  ¿Riesgos y fenómenos inesperados? Lo cierto es que después de esta prórroga el contrato no avanzó, al contrario empezaron suspensiones que terminaron con la decisión del Departamento Nacional de Planeación  de congelar los recursos hasta marzo del 2020, cuando la actual administración inició mesas de trabajo y se habilitaron nuevamente los dineros.  En esas mesas de inicios del 2020 se logró la resolución de aprovechamiento forestal. ¡Casi 3 años después de haber iniciado el contrato Corpocesar dio la licencia! ¿Negligencia de la corporación o pasividad del contratista?

Cuando parecía que por fin podría concluir la obra, llegó el covid-19 y el Gobierno nacional decretó la cuarentena estricta. Pero en agosto se flexibilizaron las medidas restrictivas y las partes comenzaron los trámites para reiniciar la obra, que actualmente, según el contratista, avanza en un 90 %. 

El problema, además de que el contratista estaría desfinanciado, es que según las comunidades durante el tiempo de suspensión, “los postes se desgastaron y las redes que no se robaron están el suelo”.

Le puede interesar: Corpocesar, bajo interinidad mientras la Procuraduría define recusaciones

Por eso los habitantes de las veredas de Pelaya y Chiriguaná, donde aún no han terminado la obra esperan pronto poder gozar de la inversión de $5.315 millones luego de casi cuatro largos años de espera. El otro camino es que la Oficina Jurídica decida fallar en contra del contratista el proceso que adelanta por presunto incumplimiento, liquide el contrato, aplique las sanciones correspondientes y se abra una nueva licitación para terminar la electrificación soñada en las veredas.

PROYECTO GRANDE

Este contrato hizo parte de la estrategia del gobierno departamental pasado, el cual llevaba por nombre ‘Electrificación Rural’, y tenía como fin interconectar a varias veredas en diferentes municipios del Cesar.

En el Grupo 1 del proyecto se incluyeron  veredas de los municipios de Pueblo Bello y Valledupar. Esta obra fue adjudicada al Consorcio Electrificación Cesar 2017, cuyo representante legal es Fabio Echavarría Carrascal, por valor de $4.396 millones y un plazo de 8 meses de ejecución.

En el Grupo 2 se incluyeron veredas de Manaure, La Paz y San Diego, proyecto que fue adjudicado al Consorcio Liir Cesar 2017, cuyo representante legal es Fermín Fernando Acero Toro, por un valor de $5.600 millones y un plazo de ejecución de 8 meses. 

Y el cuestionado Grupo 3 integra las obras que aún no han podido concluirse en las veredas de Chimichagua, Astrea, Curumaní, Chiriguaná y Pelaya, adjudicado al Consorcio Chimichagua 2017. En esta licitación se presentaron dos proponentes, el perdedor fue Liir Cesar 2017, el cual ganó la licitación del segundo grupo. 

Por: Redacción EL PILÓN