Este lunes el departamento del Cesar cumple 53 años desde su inauguración, oportunidad ideal para analizar las cifras socioeconómicas que indican cómo viven los cesarenses. Pocas cifras son alentadoras, lo que llama a replantear algunas políticas, sobre todo en medio de una pandemia.
El 21 de diciembre de 1967 fue inaugurado el departamento del Cesar. Inicialmente lo conformaban 12 municipios: Aguachica, Agustín Codazzi, Curumaní, Chiriguaná, Chimichagua, González, Gamarra, La Gloria, Pailitas, Río de Oro, Los Robles-La Paz, Tamalameque y Valledupar, la capital.
53 años después, y luego de 33 gobernadores, el Cesar cuenta con 1.295.387 habitantes divididos en 25 municipios. El avance social, trazando como línea de partida la fundación del departamento, es indudable. Sin embargo, en cada subregión del Cesar, de norte a sur, los desafíos son grandes y diversos: pobreza, grupos armados ilegales, desigualdad, desempleo, corrupción, entre otros. Algunos son naturales del departamento, otros nacen en subregiones fronterizas pero influyen y afectan al Cesar.
En 53 años de historia, la población del Cesar pasó de ser mayoritariamente agrícola a concentrarse en los centros urbanos, principalmente en Valledupar, que guarda el 41 % del total de habitantes del Cesar.
Parte de ese giro o migración interna respondió a factores como el conflicto armado y el atraso y la cantidad de barreras impuestas a quienes habitan el campo cesarense.
Son los desplazados, en su mayoría, los rostros de las cifras de pobreza. Según el Dane, el 25,5 % de la población del departamento vivía en pobreza multidimensional en el 2019, en otras palabras, viven con privaciones en materia de vivienda, educación, salud, servicios básicos. En esta gráfica, el departamento ocupa el puesto 13 a nivel nacional, pero el promedio siempre ha estado 8 puntos porcentuales por encima del total nacional (17,5). Un atraso social de casi 20 años respecto a las cifras nacionales.
¿Dónde se concentra la pobreza en el departamento? El municipio con mayores privaciones es Pueblo Bello, según el Dane, sin embargo, los municipios con mayor porcentaje de pobreza multidimensional se ubican en el centro: Astrea, Chimichagua y Pelaya.
Detrás de esos porcentajes hay una serie de factores que impiden a grupos poblacionales gozar de los avances sociales del último siglo. Por ejemplo, un 13,6 % de la población del Cesar aún es analfabeta. ¡176.172 cesarenses no saben leer ni escribir! Lo más seguro es que la mayoría de ellos vive en la pobreza. En esta medida el Cesar también supera el promedio nacional (9,3 %).
En las estadísticas de pobreza monetaria el resultado del Cesar tampoco es alentador. Las cifras del Dane marcan que para 2002, en Colombia la proporción de la población por debajo de la línea de pobreza monetaria era del 49,7 % y para 2018 se había reducido a 27 %.
Por su lado, el departamento del Cesar pasó de tener el 61,9 % de la población por debajo de la línea de pobreza monetaria al 42,9 % en 2018.
Un gran avance, no obstante, desde el 2017 viene aumentando el número de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza monetaria, y en 2020 se podría retroceder hasta 20 años. E l desafío a mediano plazo es grande: trabajar para que ese 19 % de la población en riesgo no vuelva a la pobreza.
En promedio, uno de cada tres cesarenses fue víctima del conflicto armado en Colombia. En la peor época, con el auge del paramilitarismo y la guerrilla, en el departamento la ley eran las balas. Pero gracias a los procesos de paz, con ambas fuerzas ilegales, esa página quedó atrás.
No obstante, preocupan los hechos que han afectado la seguridad del departamento el último año. Secuestros de ganaderos, atentado a estaciones de Policía, e incluso asesinatos de uniformados, alteraron la relativa calma de la que gozaba el Cesar y revivieron algunos fantasmas del terrorismo.
En la zona sur del Cesar las autoridades enfrentan un gran desafío: controlar las operaciones de los grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico y que utilizan al Cesar como un puente para el transporte de alucinógenos. Por supuesto, su paso siempre deja una ola de violencia que ha afectado a campesinos, uniformados, empresarios…
Cuando la minería dejó de ser un negocio artesanal de pocos campesinos y llegaron los inversionistas extranjeros, por la producción de carbón el Cesar empezó a recibir miles de millones por concepto de regalías. Durante años, esa explotación sostuvo y sostiene el presupuesto departamental y de los municipios mineros, no obstante, parece que su adiós está cerca.
El covid-19 no es el único culpable, pero sí agravó la crisis del carbón a nivel internacional, al punto que dos de las tres principales mineras del Cesar pidieron la autorización para suspender sus operaciones: Grupo Prodeco y Colombia Natural Resources.
Solo la salida de Prodeco significaría que el departamento dejaría de recibir por bienio, en promedio, $81.492 millones. Sin contar los empleos: la multinacional, que inició operaciones en la mina Calenturitas en el 2004, genera 4.577 empleos entre directos e indirectos, de esos 3.655 en el Cesar.
Si la clase política del departamento y la sociedad civil no actúan pronto, en una década, por establecer un plazo considerable, contrario a avances, el Cesar habrá retrocedido en materia socioeconómica y hablaremos de otra ‘década pérdida’.
El reto y compromiso de todos, no solo de los gobernantes, es que dentro de 10 años se reduzca considerablemente el porcentaje de cesarenses con privaciones, sin acceso a salud, servicios públicos o internet, analfabetas y desempleados. En poco más de medio siglo es mucho lo que se ha logrado, pero es más lo que falta por conquistar.
Por Deivis Caro.
Este lunes el departamento del Cesar cumple 53 años desde su inauguración, oportunidad ideal para analizar las cifras socioeconómicas que indican cómo viven los cesarenses. Pocas cifras son alentadoras, lo que llama a replantear algunas políticas, sobre todo en medio de una pandemia.
El 21 de diciembre de 1967 fue inaugurado el departamento del Cesar. Inicialmente lo conformaban 12 municipios: Aguachica, Agustín Codazzi, Curumaní, Chiriguaná, Chimichagua, González, Gamarra, La Gloria, Pailitas, Río de Oro, Los Robles-La Paz, Tamalameque y Valledupar, la capital.
53 años después, y luego de 33 gobernadores, el Cesar cuenta con 1.295.387 habitantes divididos en 25 municipios. El avance social, trazando como línea de partida la fundación del departamento, es indudable. Sin embargo, en cada subregión del Cesar, de norte a sur, los desafíos son grandes y diversos: pobreza, grupos armados ilegales, desigualdad, desempleo, corrupción, entre otros. Algunos son naturales del departamento, otros nacen en subregiones fronterizas pero influyen y afectan al Cesar.
En 53 años de historia, la población del Cesar pasó de ser mayoritariamente agrícola a concentrarse en los centros urbanos, principalmente en Valledupar, que guarda el 41 % del total de habitantes del Cesar.
Parte de ese giro o migración interna respondió a factores como el conflicto armado y el atraso y la cantidad de barreras impuestas a quienes habitan el campo cesarense.
Son los desplazados, en su mayoría, los rostros de las cifras de pobreza. Según el Dane, el 25,5 % de la población del departamento vivía en pobreza multidimensional en el 2019, en otras palabras, viven con privaciones en materia de vivienda, educación, salud, servicios básicos. En esta gráfica, el departamento ocupa el puesto 13 a nivel nacional, pero el promedio siempre ha estado 8 puntos porcentuales por encima del total nacional (17,5). Un atraso social de casi 20 años respecto a las cifras nacionales.
¿Dónde se concentra la pobreza en el departamento? El municipio con mayores privaciones es Pueblo Bello, según el Dane, sin embargo, los municipios con mayor porcentaje de pobreza multidimensional se ubican en el centro: Astrea, Chimichagua y Pelaya.
Detrás de esos porcentajes hay una serie de factores que impiden a grupos poblacionales gozar de los avances sociales del último siglo. Por ejemplo, un 13,6 % de la población del Cesar aún es analfabeta. ¡176.172 cesarenses no saben leer ni escribir! Lo más seguro es que la mayoría de ellos vive en la pobreza. En esta medida el Cesar también supera el promedio nacional (9,3 %).
En las estadísticas de pobreza monetaria el resultado del Cesar tampoco es alentador. Las cifras del Dane marcan que para 2002, en Colombia la proporción de la población por debajo de la línea de pobreza monetaria era del 49,7 % y para 2018 se había reducido a 27 %.
Por su lado, el departamento del Cesar pasó de tener el 61,9 % de la población por debajo de la línea de pobreza monetaria al 42,9 % en 2018.
Un gran avance, no obstante, desde el 2017 viene aumentando el número de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza monetaria, y en 2020 se podría retroceder hasta 20 años. E l desafío a mediano plazo es grande: trabajar para que ese 19 % de la población en riesgo no vuelva a la pobreza.
En promedio, uno de cada tres cesarenses fue víctima del conflicto armado en Colombia. En la peor época, con el auge del paramilitarismo y la guerrilla, en el departamento la ley eran las balas. Pero gracias a los procesos de paz, con ambas fuerzas ilegales, esa página quedó atrás.
No obstante, preocupan los hechos que han afectado la seguridad del departamento el último año. Secuestros de ganaderos, atentado a estaciones de Policía, e incluso asesinatos de uniformados, alteraron la relativa calma de la que gozaba el Cesar y revivieron algunos fantasmas del terrorismo.
En la zona sur del Cesar las autoridades enfrentan un gran desafío: controlar las operaciones de los grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico y que utilizan al Cesar como un puente para el transporte de alucinógenos. Por supuesto, su paso siempre deja una ola de violencia que ha afectado a campesinos, uniformados, empresarios…
Cuando la minería dejó de ser un negocio artesanal de pocos campesinos y llegaron los inversionistas extranjeros, por la producción de carbón el Cesar empezó a recibir miles de millones por concepto de regalías. Durante años, esa explotación sostuvo y sostiene el presupuesto departamental y de los municipios mineros, no obstante, parece que su adiós está cerca.
El covid-19 no es el único culpable, pero sí agravó la crisis del carbón a nivel internacional, al punto que dos de las tres principales mineras del Cesar pidieron la autorización para suspender sus operaciones: Grupo Prodeco y Colombia Natural Resources.
Solo la salida de Prodeco significaría que el departamento dejaría de recibir por bienio, en promedio, $81.492 millones. Sin contar los empleos: la multinacional, que inició operaciones en la mina Calenturitas en el 2004, genera 4.577 empleos entre directos e indirectos, de esos 3.655 en el Cesar.
Si la clase política del departamento y la sociedad civil no actúan pronto, en una década, por establecer un plazo considerable, contrario a avances, el Cesar habrá retrocedido en materia socioeconómica y hablaremos de otra ‘década pérdida’.
El reto y compromiso de todos, no solo de los gobernantes, es que dentro de 10 años se reduzca considerablemente el porcentaje de cesarenses con privaciones, sin acceso a salud, servicios públicos o internet, analfabetas y desempleados. En poco más de medio siglo es mucho lo que se ha logrado, pero es más lo que falta por conquistar.
Por Deivis Caro.