Mucho ha dado de qué hablar el reciente pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el proceso investigativo que adelanta sobre el conflicto armado en Colombia y que, en esta ocasión, dicta sentencia contra siete de los líderes de las Farc. El segundo fallo estuvo relacionado con 12 exmilitares del Batallón La Popa, en Valledupar.
En el Cesar debemos revisar lo ocurrido durante esas dos décadas de conflicto armado, que dejaron cifras de horror y verdades dolorosas de nuestra historia reciente en este territorio.
De los 21.396 hechos victimizantes atribuidos a las Farc entre 1996 y 2016, y de los 4.325 casos de secuestro ya reconocidos oficialmente por esta justicia transicional, el país se sorprende ante las cifras. Pero en el Cesar la realidad golpea aún más: 135 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón La Popa del Ejército Nacional entre 2002 y 2005. Las víctimas fueron, en su mayoría, jóvenes, campesinos y personas vulnerables, incluyendo cinco menores de edad y una persona en condición de discapacidad.
El fallo de la magistrada Ana Manuela Ochoa, en sus 584 páginas, detalla cómo este patrón de asesinatos respondió a una lógica perversa: inflar resultados operacionales a cambio de ascensos, beneficios y reconocimientos institucionales. Las víctimas fueron presentadas como “bajas en combate” cuando, en realidad, fueron engañadas, trasladadas y asesinadas a sangre fría.
Ante esto surge una pregunta inevitable: ¿qué significa la verdad cuando llega tarde y con sanciones que parecen no estar a la altura del daño causado? La pena impuesta por la JEP (ocho años de sanción restaurativa enfocada en memoria, reparación, fortalecimiento comunitario y proyectos productivos) busca la reconciliación, pero enfrenta un enorme escepticismo en una región donde todavía hay familias esperando saber dónde están los restos de sus seres queridos, y donde las instituciones no han asumido plenamente su responsabilidad histórica, como lo establece el Acuerdo de Paz firmado en La Habana, Cuba.
En el Cesar sigue la expectativa frente al primer plan de reparación, que contempla la construcción de un mausoleo con 700 osarios en el cementerio del Ecce Homo. Es un gesto simbólico importante y debe materializarse, así como los trabajos en territorios kankuamo y wiwa, también afectados por la violencia paraestatal. Sin embargo, más allá de lo simbólico, se necesita una reparación efectiva y un compromiso real del Estado para garantizar el cumplimiento de esas penas restaurativas.
Analistas señalan que, aunque la JEP ya emitió fallos, aún falta mayor claridad sobre dónde, cómo y bajo qué vigilancia cumplirán estas sanciones los comparecientes. ¿Qué garantías existen para que las comunidades vean un beneficio real en estos proyectos?
El Cesar ha sido testigo del dolor y merece ser protagonista en la construcción de paz. Es hora de que los compromisos adquiridos en el Acuerdo de La Habana se conviertan en acciones concretas aquí, donde el luto persiste y las preguntas siguen sin respuesta.
En este departamento se espera que la justicia transicional contribuya a transformar el presente mediante acciones que disipen la desconfianza institucional que persiste en la ciudadanía. Ello se logra con verdad, reparación digna y garantías de no repetición. Mientras tanto, casos como la desaparición de los siete investigadores del CTI aún no tienen respuestas para sus familias.
En ese mismo sentido, las víctimas de las Farc en el Cesar no tienen claridad sobre la reparación integral de sus derechos. Este fallo de la JEP, de 663 páginas, tiene un valor simbólico, pero requiere materializarse en hechos concretos que alivien la angustia de tantas familias en el departamento.
