A cinco meses de haberse convocado a nuevos casos de análisis sobre el conflicto armado en el país, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, presentó un balance sobre las pretensiones y observaciones de las víctimas en el departamento del Cesar. 

Una de estas consistió en la ampliación del terreno de estudio de los hechos de violencia de la Fuerza Pública contra la población civil, en la que se tome como muestra a los tres departamentos que conformaban el Magdalena Grande, tales como el Cesar, La Guajira y Magdalena. 

“Representantes de organizaciones campesinas, afro y pescadores de la Ciénaga Grande del Magdalena solicitaron priorizar esta región, indicando que este es un punto estratégico que tenía la guerrilla y los paramilitares al cruzar desde la Sierra hasta la Ciénaga Grande, pues por ahí traficaban drogas y armamento que bajaba de la Sierra”, indica el informe conocido por EL PILÓN. 

De igual manera, solicitaron juzgar y sancionar casos puntuales que impactaron en la comunidad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética, Sintramienergética, por ejemplo, pidió que se investigue el caso de la Drummond por el asesinato de los dirigentes sindicales por parte de las AUC, en las seccionales del Cesar y del Magdalena.

Mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Cultivo y Procesamiento de Aceites y Vegetales – Junta Nacional, Sintraproaceites, pidió que investiguen los nexos entre los paramilitares y terceros que llevaron al exterminio de su sindicato y que se indague sobre la responsabilidad de los directivos de Indupalma, cuya plantación se encuentra en el municipio de San Alberto, sur del Cesar. 

Otras víctimas del departamento enfatizaron en la necesidad de indagar los hechos ocurridos en Las Minas de Iracal (Pueblo Bello), Poponte (Chiriguaná), La Jagua de Ibirico y El Toco (San Diego).

En Valledupar las autoridades indígenas y afrodescendientes coincidieron en señalar que, se hace necesario ampliar la delimitación territorial del caso “Crímenes Contra Pueblos y Territorios Étnicos”,

“Requirieron el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas de carácter binacional como es el caso del pueblo yukpa en el cual las dinámicas del conflicto son específicas y diferenciadas por encontrarse en zonas fronterizas. Finalmente, precisaron la necesidad de tener en cuenta las regiones donde existen planes de salvaguarda, teniendo en cuenta el incumplimiento sistemático de los mismos por parte del Estado”, puntualizó el informe. 

Los temas fueron presentados en las audiencias que desarrolló la Sala de Reconocimiento del 21 de febrero al 10 de marzo en las ciudades de Medellín, San José de Guaviare, Cali, Villavicencio, Valledupar y Bogotá. 

Los departamentos con mayor número de organizaciones participantes fueron: Valle del Cauca con 63 organizaciones, el Cesar con 50 y Guaviare con 39, así como, la ciudad de Bogotá, con 59 organizaciones.