En el Cesar, las obras públicas parecen estar penadas a una maldición sempiterna: nunca se entregan a tiempo, nunca cuestan lo presupuestado y siempre encuentran una excusa para postergar su culminación, tendencia que se ha vuelto una moda en las últimas administraciones. Lo que comienza como un ambicioso proyecto de desarrollo termina convertido en un monumento a la desidia, la improvisación, y al final, una falacia.

Promesas de progreso que se licúan entre comunicados de prórrogas, solicitudes de adiciones presupuestales y justificaciones que insultan la inteligencia de los ciudadanos, en lo personal, de muy mal gusto. El Centro Cultural de la Música Vallenata, el mirador del Santo Ecce Homo y el anillo vial de Valledupar son apenas ejemplos recientes de este problema sistemático.

El desarrollo de la obra pública parece seguir un libreto inalterable: se anuncia con entusiasmo, acompañada de presupuestos calculados con aparente rigor y plazos que, en teoría, garantizan su ejecución oportuna. No obstante, no pasa mucho tiempo antes de que surjan los llamados ‘imprevistos’.

Primero, una prórroga; luego otra, y así hasta que el retraso se convierte en un hábito institucionalizado. La ciudadanía, acostumbrada a la decepción, observa cómo las fechas de entrega se convierten en meros adornos en los contratos, mientras que las modificaciones contractuales se presentan como la solución recurrente ante errores que pudieron evitarse con una planificación más rigurosa.

Y, como si de una fórmula preestablecida se tratara, las adiciones presupuestales emergen como el bálsamo infalible para enmendar la falta de previsión. Al final, las obras languidecen antes de ver la luz, las promesas se diluyen entre excusas técnicas y la inversión pública se pierde en un laberinto de justificaciones.

El intríngulis no se basa solamente en una serie de retrasos y sobrecostos, sino de una planificación deficiente que parece convertirse en la norma por excelencia en lugar de la excepción. La planeación en contratación pública no es un capricho burocrático, sino la base sobre la cual se deben edificar proyectos que beneficien a la comunidad. Y aunque sabemos que los imprevistos existen, también es evidente que muchos de estos problemas pudieron haberse prevenido con estudios y diseños adecuados desde el principio. Pero claro, ¿para qué anticiparse si se puede simplemente prorrogar y adicionar?

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El retraso en una obra pública no es solamente una fecha incumplida en un cronograma; es la postergación del desarrollo, la prolongación de expectativas frustradas y la confirmación de que la ineficiencia sigue siendo la protagonista de nuestras entidades públicas territoriales. Mientras las obras pernoctan en el letargo administrativo, la fe y credibilidad del pueblo se ve mermada con el tiempo y el progreso se convierte en utopía pura.

¿Por qué seguimos permitiendo y normalizando el atraso y la ineficiencia cuando se regenta lo que es de todos? La ciudadanía no puede resignarse a ser simple espectadora del desperdicio de recursos y debe exigir con firmeza que las obras se planifiquen y ejecuten con absoluto rigor y transparencia. Insisto, el silencio es complicidad.

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Esperamos que con las obras anunciadas por la administración municipal para la anualidad en curso no siga este patrón de retrasos y excusas. Es necesario un enfoque riguroso, donde los cronogramas se cumplan y las obras se ejecuten a cabalidad y con transparencia.

La ciudad merece proyectos finalizados. Como siempre, la ciudadanía tiene la última palabra. No se trata solo de exigir obras, sino de demandar respeto por la debida planificación, la ejecución y el erario público. Basta de eternizar y normalizar lo que está inacabado: Valledupar merece más, un futuro construido con seriedad, no con excusas.

Por Jesús Daza Castro