La falta de una alimentación adecuada no es una problemática exclusiva de los escolares, también hay un alto porcentaje de universitarios de bajos recursos que carecen de una dieta nutricional que les permita concentrarse en el estudio. Por lo anterior, en la Cámara de Representantes está en curso el proyecto de ley 574 de 2025, que tiene como objetivo crear el Programa de Alimentación Universitaria, PAU, para disminuir las tasas de deserción por hambre en las universidades públicas.
Este programa está destinado a estudiantes de pregrado en condición socioeconómica vulnerable y según el proyecto contempla dos modalidades para la entrega de este beneficio que son: ‘plato servido’, que consiste en la distribución de comidas en los campus, y un ‘subsidio o bono de alimentación’, que es un apoyo económico mensual destinado a la compra de alimentos, especialmente para aquellas universidades que no cuentan con la infraestructura necesaria para la primera modalidad.
“Este programa será una herramienta para mejorar la permanencia educativa, el rendimiento académico, el fomento de estilos de vida saludables y la ampliación de la cobertura de los programas de alimentación actuales. El programa contempla criterios técnicos de focalización, una implementación gradual, y la articulación con entidades como el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, con el fin de lograr una cobertura eficiente y sostenible”, puntualiza el texto.
Esta iniciativa liderada por el representante a la Cámara, Julián López, de ser aprobada, las universidades tendrán un año para implementar el Programa de Alimentación Universitaria. De ese momento en adelante, deberán realizar un monitoreo y evaluación del programa y tendrán que enviar un informe anual sobre los resultados al Ministerio de Educación. Finalmente, esta cartera será la encargada de establecer un sistema de monitoreo y evaluación para hacer un seguimiento a la ejecución de esta estrategia.
Financiación
La financiación del programa será a través de asignaciones presupuestales de la Nación, donaciones y fondos de las instituciones. El Ministerio de Educación jugará un rol crucial en la implementación, estableciendo criterios para la selección de modalidades, la distribución de recursos y los estándares mínimos de prestación y ejecución del plan.
En ese sentido, las universidades tendrán la responsabilidad de elaborar menús balanceados, adquirir alimentos de calidad, contratar personal capacitado y cumplir con demás requisitos en infraestructura para la entrega de los alimentos. Otro punto clave de este proyecto son los beneficiarios. El documento sugiere que las universidades, para la destinación de los cupos, deberán priorizar a los estudiantes en estado de gestación o lactancia.
Así mismo, aquellos que presenten algún tipo de discapacidad, que estén en situación de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado o pertenecientes a grupos étnicos.
Por Namieh Baute Barrios
