Al cumplirse tres años de gobierno del presidente Gustavo Petro, en el departamento del Cesar lo que sigue reinando, en torno a su mandato, es un panorama con más sombras que luces, además de muchas expectativas incumplidas.
Todas esas promesas ambiciosas contempladas para transformar a Colombia y en particular el Cesar, incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Inversiones Públicas, PDI, se fueron diluyendo con el paso del tiempo y no se vislumbra que puedan sacarse adelante en el último año que queda, si se tiene en cuenta que el país político mantendrá cautivada toda su atención en los procesos electorales que se avecinan.
Todas las apuestas pendientes que mencionamos justamente el 7 de agosto de 2024, cuando se cumplían los dos años de su mandato, siguen ahí sin ningún avance, excepto el tema de compra de tierras para campesinos, pero que también se queda corto porque la meta era de 100.000 hectáreas en el cuatrienio y a la fecha solo se han comprado 28.323.
Sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, con informes publicados en redes sociales y en la revista Portafolio, ha sacado pecho por la adjudicación en el departamento del Cesar de esas 28.323 hectáreas a campesinos y comunidades étnicas, destacando que esa cifra “supera por más de 21 veces las apenas 1.311 hectáreas entregadas en el anterior gobierno”.
La ANT resalta que se han consolidado comités municipales de reforma agraria en los 25 municipios del Cesar, con una participación de casi 10.000 cesarenses, a quienes se les permitió acceso a créditos agropecuarios y de fortalecimiento a la organización rural. En los últimos días esta gestión ha sido ensombrecida por un escándalo mediático, en el calentamiento electoral dentro de la misma formación política del Gobierno nacional.
No obstante, el Cesar sigue siendo uno de los departamentos con mayor pobreza monetaria del país: Valledupar alcanza casi el 50 %, la segunda ciudad más pobre tras Quibdó. La inseguridad es una gran preocupación. El fortalecimiento del Clan del Golfo, el ELN y ahora la aproximación de Los Pachenca erosiona la paz regional.
La llamada transición energética ha afectado negativamente al Cesar -y La Guajira- cuyo PIB depende en gran parte de la minería del carbón. La prohibición de exportaciones a países como Israel y los desincentivos y amenazas a la actividad ha reducido regalías y oportunidades laborales sin reemplazos claros en energías renovables u otros oficios. Su compromiso con el Corredor Minero, llamado de la Vida, ha sido de palabras.
Los indicadores macroeconómicos nacionales presentan un crecimiento modesto del 2,7 % en el primer trimestre de 2025, pero con un déficit fiscal disparado al 7,6 % del PIB y deuda pública en niveles récord. En el Cesar, estos efectos se traducen en baja ejecución presupuestal.
Proyectos como la doble calzada a San Roque y Maicao, PTAR para el río Cesar y distritos de riego siguen engavetados, pese a estar incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. El controvertido embalse multipropósito de Besotes fue descartado sin alternativas de desarrollo real. Y así el Plan de Desarrollo no se ha ejecutado en el departamento. Tampoco ha habido interlocución con los diferentes sectores sociales, ni los mandatarios locales, ni de seguimiento a sus programas.
Quedan 12 meses para demostrar que la voluntad política no es retórica. El balance regional al 7 de agosto de 2025, pese a algunos logros en restitución de tierras y subsidios sociales, deja al Cesar frente a una realidad marcada por pobreza persistente, violencia local, desempleo por transición energética y obras proyectadas que aún no se construyen.
Esperaremos el 7 de agosto de 2026. Y sí, ojalá se pueda en el último año atender los compromisos, que permitan cierto grado de avance de los proyectos. A estas alturas con que deje definidos siquiera los diseños de algunos se podría considerar como una ganancia.
