Seguridad, transparencia y democracia

El cuidado de la seguridad y el orden público es preocupación central del gobierno nacional, del Ejército Nacional y de la Policía, como también de las autoridades locales, con miras a la jornada electoral del próximo domingo 30 de mayo. Es un reto muy grande, sin lugar a dudas.
El país sabe que en su tradicional y conocido modo de operar, las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero también otros grupos armados y hasta las bandas de narcotraficantes, están al acecho y buscarían generar intranquilidad en víspera de estas elecciones, tal como lo ha advertido el director general de la Policía Nacional, General Oscar Naranjo.
Y en efecto, en distintas zonas del país se han presentado algunos hechos perturbadores del orden público, fue secuestrada una hermana de Juan Manuel Ospina, ex secretario de Gobierno de Bogotá, durante el gobierno de Lucho Garzón, y actual directivo de la campaña de la candidata conservadora Noemí Sanín; varios puestos de policía han sido atacados en zonas apartadas del país, también han sido asesinados varios soldados, y en los próximos días es de esperar más ataques y saboteos al transporte del material electoral que se han repartido para los 10.200 puestos de votación, en donde estarán ubicadas 72.725 mesas dispuesta para la jornada electoral.
Y es que según los estudios de inteligencia del alto gobierno, precisamente son los departamentos de Caquetá, Huila y Putumayo, los que se identifican como de mayor riesgo de eventuales fenómenos de perturbación del orden público; pero esto no significa que los mismos no existan, en menor grado, en el resto del país. Al cierre de esta edición se conoció de la muerte de nueve infantes de marina por una acción de este grupo, en el Caquetá.
A pesar de lo anterior, el parte de seguridad es tranquilizador y la verdad es que hay un control relativo en casi todo el territorio nacional, con el recurso humano disponible por las instituciones encargadas de adelantar esta delicada tarea. Y así se percibe en el ambiente…
Tanto el Ejército como la Policía Nacional tienen los respectivos planes de seguridad previstos para antes, durante y después de la jornada electoral; pero estos de poco o nada sirven si estas instituciones no cuentan con el apoyo valiente de toda la sociedad civil y de la ciudadanía, en general, de denunciar hechos sospechosos, en materia de seguridad propiamente dichos.
Además de la seguridad propiamente dicha, el gobierno tiene mapas de riesgo sobre fenómenos de corrupción y fraude al sistema electoral, y nuevamente volvemos a ser toda la Costa Atlántica, el centro de atención por este tipo de riesgos.
En el caso de la Costa, en efecto, Naranjo habla de  propósitos criminales de grupos y sectores interesados en afectar los resultados electorales.  En este caso, con mayor razón, se requiere de la colaboración de las distintas fuerzas políticas locales que apoyan a los distintos candidatos presidenciales para contribuir a realizar un proceso electoral transparente y serio, pero también del valor cívico de los jurados de votación, que tienen una gran responsabilidad, y de los testigos electorales y de los votantes, en general, para que la Región Caribe no sea la que vuelva y enturbie y manche unas elecciones que deben ser modelo de transparencia.
Esperemos que la jornada transcurra en un ambiente de normalidad, en todo el país, y que esta vez no sea la Costa el lunar de la jornada por las viejas mañas contra el sufragio y el voto libre.  Ambos objetivos dependen de la colaboración y el valor civil de autoridades, jurados, testigos y de la ciudadanía.