Si abordáramos a cualquier desprevenido ciudadano en la plaza Alfonso López de Valledupar o en cualquiera de las plazas de los municipios del Cesar incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, para indagarle sobre proyectos que se desarrollen en esta materia, lo más probable es que esa persona no tenga idea de ese tema.
La semana anterior se cerró la primera convocatoria del bienio 2025-2026 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz, OCAD-Paz, con un balance que merece toda la atención del país y por ende de nuestra región: 689 proyectos postulados por un valor estimado de $11,6 billones, dirigidos a los municipios PDET, que son aquellos territorios priorizados por su afectación del conflicto armado.
En el Cesar existen 8 municipios PDET, son ellos: Agustín Codazzi, San Diego, Manaure, Valledupar, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz y Pueblo Bello, los cuales tienen la posibilidad de jalonar importantes recursos para grandes proyectos de significativo impacto en sus jurisdicciones y no se entiende cómo ese tema pasa desapercibido tanto en las comunidades como en las mismas autoridades gubernamentales de la región.
No se escucha decir nada, pese a que estamos hablando de una cifra muy significativa que bien administrada puede ayudar mucho, pero que mal manejada de seguro va a parar al pozo sin fondo de la ineficiencia o la corrupción que reina en las regiones.
¿Cuántos de esos recursos estarían llegando a estos territorios del Cesar?, sería bueno saberlo, pero no solo eso, sino tener pleno conocimiento qué tipo de proyectos se gestionaron y cuál sería el impacto en nuestras comunidades.
Se pudo conocer que ya está definido el cronograma de trámites, el cual indica que los proyectos entrarán hasta el 26 de mayo en la fase de revisión de condiciones habilitantes y los que cumplan los requisitos podrán ser financiados con los $2,34 billones disponibles en esta primera convocatoria, que representan el 45 % de los recursos totales del bienio actual.
Por el momento aparecen 452 proyectos formulados por municipios, por un valor cercano a $7,9 billones, de esos 186 corresponden a comunidades étnicas, cuyo monto es de $2 billones. En ese proceso las subregiones que más propuestas aportaron fueron Alto Patía y Norte del Cauca con 87 proyectos por $1,1 billones, mientras que la serranía de Perijá, de manera conjunta con la zona bananera tienen 77 proyectos también por $1,1 billones, cifra que no podemos perder de vista en el Caribe colombiano.
Según fuentes del orden nacional, los sectores que impactarán esos proyectos son los de agricultura, con 211 iniciativas por $3,1 billones; también está el de transporte con 158 propuestas, por $3,6 billones; y para vivienda aparecen 86 proyectos por $1,1 billones.
Queda pendiente la etapa de subsanación de observaciones que será del 28 al 30 de mayo, y el 6 de junio se publicarán los resultados en el portal oficial del SGR: www.sgr.gov.co.
Urge que en los 8 municipios PDET del Cesar, en el caso de contar con importantes proyectos al respecto, se socialicen estos temas con los sectores interesados y con toda la comunidad. Sería bueno que los medios locales, las veedurías ciudadanas y las organizaciones sociales redoblen sus esfuerzos para seguir de cerca cada etapa de este proceso. Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de metas presupuestales del actual Gobierno nacional, sino la credibilidad de un sistema que prometió llevar el Estado a donde nunca llegó. Acojamos la máxima popular que reza: “El país tiene derecho a saber, las comunidades tienen derecho a decidir y todos tenemos el deber de vigilar”. Los recursos públicos no pueden estar por fuera de la lupa ciudadana.
