La ciudadanía vallenata, en especial los adultos mayores, sigue a la expectativa del cumplimiento de la Ley 2054 de 2025, para controlar el exceso de ruido derivado por altos volúmenes de sonido en zonas residenciales y otros sectores.
Al darse la aprobación de la ley, complacidos registramos la noticia y los abuelos que satisfechos recibieron tales anuncios, esos mismos que por las noches, en reiteradas ocasiones, no logran conciliar el sueño debido a la música y alboroto de sus vecinos o de residentes con negocios nocturnos cercanos a sus viviendas.
En realidad, la noticia se convirtió en un ruidoso anuncio en contra de ese fenómeno acústico. No obstante, a la fecha la situación en Valledupar sigue igual debido a muchas razones: primero, porque había que esperar que el municipio diseñara planes de gestión integral contra el ruido adaptados a las condiciones específicas de esta ciudad, es decir, modificar el Plan de Desarrollo Territorial, POT, para ello la norma otorgó un plazo máximo de 12 meses, el cual ya está a punto de vencerse. Además, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, también debería tener listos unos mapas de ruido ambiental y planos de descontaminación auditiva, tanto en esta capital como en el municipio de Aguachica, debido a que ambas ciudades tienen más de 100.000 habitantes.
Así las cosas, tanto Corpocesar como las secretarías de Gobierno y Salud, Policía Ambiental, entre otras, están en mora de ponerse al día con las exigencias de esta nueva norma contra el ruido, la cual también establece como obligación el uso y aplicación de altas tecnologías para evaluarlo y medirlo. Esa misma norma faculta a la ciudadanía para que, en los casos que así lo requieran, utilice esas herramientas tecnológicas para apoyar la labor de las autoridades competentes frente al control de los altos volúmenes.
Por el momento no se está cumpliendo el propósito normativo que, como lo dijo recientemente a EL PILÓN el director de la Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad del Área Andina, Valledupar, Antonio Rudas, “el objetivo principal de la ley es proteger la salud pública y el bienestar colectivo. Está demostrado científicamente que la exposición prolongada al ruido genera enfermedades físicas y mentales, y deteriora la calidad de vida tanto en humanos como en animales”.
Que la gente sepa que la Policía está facultada para desactivar un equipo de sonido u otra fuente de ruido, además de imponer multas que podrían alcanzar hasta diez salarios mínimos diarios legales vigentes, sanción que equivale a $474.500.
Es menester tener en cuenta que también aplica para fiestas privadas. En esto habrá de analizarse algunos aspectos culturales propios de cada ciudad o región, porque el aspecto cultural y la idiosincrasia misma no se podrían cambiar de manera radical, para ello ha de buscarse el punto que permita la buena convivencia pacífica sin afectar las buenas costumbres.
Para el caso de los sectores comerciales, las sanciones consistirían en clausura temporal o definitiva de los establecimientos reincidentes, tales como bares, discotecas, iglesias, tiendas de barrio y todo tipo de locales.
Sobre el deseado turismo de Valledupar
A raíz de la publicación de la Alcaldía, registrando caravanas de buses en el río trayendo turistas este puente, lo cual tiene, en principio, sus beneficios, hemos recibido este comentario sobre el tipo de visitante que llega: “Es más lo malo que dejan que lo bueno que traen, si es que traen algo. El beneficio económico es cero pues ni siquiera pernoctan, y traen su mecato. Mugre y desorden es lo que recibe Valledupar”.
La Secretaría del ramo y su secretaria podrá en algún aspecto o gestión ‘sacarla del estadio’, o determinar algo importante para la ciudad, que lo sabrá el alcalde o su círculo de colaboradores inmediatos. O tener un buen apoyo político. Es posible. Pero que se vea su gestión articulada, un plan, un ejemplo visible de gestión turística, no lo vemos.
