Otra concesión más se viene escuchando en Valledupar. La gente, desorientada, se pregunta qué está pasando. ¿Se está destartalando la Administración Municipal, se les está entregando todo a los particulares que harán su negocio? Resulta paradójico que cuando en Valledupar se creía que ya no había más nada por privatizar de repente aparece el tema ambiental como objeto de esa negociación. Y algunos críticos dicen que hasta el aire se privatizaría.
Pero… veamos. En muchas ocasiones, y esta parece ser otra de ellas, la Administración no tiene los recursos ni la capacidad administrativa y de personal para desarrollar obras, servicios y tareas. De allí que requiera de particulares tanto para ejecutar las obras, obtener algunos servicios y buscar especialización en su gestión.
De ahí que se hace necesaria la participación privada, que no solo —como lo estableció la Constitución Política de 1991 que propugna por un Estado Social de Derecho— se limita a los servicios públicos domiciliarios y otros como el de telecomunicaciones. Las concesiones o modalidades de participación privada son buenas si se contratan bien, con claridad y transparencia y el Estado, como contratante, no se rinde ante el contratista en su ejecución, interventoría y seguimiento.
Está plenamente demostrada y justificada la necesidad urgente de acciones en pro de los árboles y zonas verdes de Valledupar, eso no admite discusión alguna.
El Concejo Municipal de Valledupar acaba de aprobar en segundo debate el proyecto 011 del 2025, el cual autoriza al alcalde Ernesto Orozco a firmar un contrato de concesión con un privado que asuma, durante 16 años y por un valor de $234.000 millones de aporte municipal, “la construcción de obras de infraestructura verde en la ciudad, así como la conservación y mantenimiento de cuencas hídricas, zonas verdes y separadores viales”.
Qué saludable, transparente y sano hubiese sido haber abierto una discusión con amplia participación y sin ningún afán, que permitiera analizar los pros y contras del tema y llegar a puntos de acuerdos ciudadanos.
No se desconoce la urgencia de actuar. Es evidente que Valledupar necesita intervenir con decisión en favor de su deteriorado entorno natural. La pérdida de cobertura vegetal, árboles enfermos, el mal estado de los separadores, la falta de mantenimiento en zonas verdes y el riesgo constante de afectación a nuestras cuencas hídricas no admiten más demoras.
Estamos frente a un tema de trascendencia que compromete recursos públicos y el futuro ambiental de la ciudad, que debió pasar por un proceso de estudio, discusión abierta con los actores ambientales, expertos y la comunidad en general.
Ahora, el alcalde, con las facultades que le acaba de otorgar el Concejo Municipal, deberá procurar que el verde no se manche con las sombras grises de la improvisación.
Es cierto que el alcalde y algunos funcionarios expusieron a ambientalistas y líderes sociales la idea general de que haría un gran programa verde y no hubo mayor objeción en presencia del alcalde. Sin embargo, no se habló entonces de una concesión, su plazo, sus fuentes de recursos, de vigencias futuras, ni de su visión de largo plazo, no se especificó expresamente que se acogería el modelo de ‘Siembra Barranquilla’, pero conocedores de que ya venía un proyecto al Concejo se encendieron alarmas. La autorización es general, deberá el alcalde y su equipo precisar, detallar y blindar el interés municipal y del bien común a la hora de proceder con el proceso de contratación del particular respectivo. Por eso creemos que aún hay espacio y deberá haber una mayor socialización.
Uno de los aspectos que preocupa es la fragilidad de control de una Secretaría de Desarrollo, Medio Ambiente y Turismo, con tantos frentes que no logra gestionarlos bien. ¿Cómo se va a intervenir y controlar a un contratista, cuando la secretaria, María Marta Lacouture, no se hizo presente en el Concejo para impulsar y justificar el proyecto? En fin. La autorización es positiva pero ahora no se puede embarrar el ambiente.
