La batalla por la Presidencia (el pacífico enfrentamiento democrático, por contraste con la guerra en Ucrania o, de manera selectiva y dolorosa en los territorios rurales y lejanos de Colombia) está entrando en una dinámica de calenturas y escalofríos. Cuando se pensaba que la Semana Santa iba a ser bálsamo, después de agitados días de debate político y periodístico sobre la reciente operación militar en contra de las disidencias en Putumayo, que habría cobrado inocentes víctimas civiles, y que congelaría el debate electoral, han saltado en pedazos las premisas y los datos acumulados desde la controvertida elección al Congreso y de las consultas de las coaliciones de candidatos al primer cargo de la Nación.
Y para sorpresa, el más opcionado y experimentado de los candidatos en las lides parlamentarias, el senador Gustavo Petro, terminó en el centro de la discusión pública, en un escándalo de alto riesgo político, cuyas consecuencias solo se podrán conocer en los próximos días, dadas las especulaciones sobre el curso y posición de las campañas. El candidato, un opositor al establecimiento que sostiene la corrupción, justificó y contextualizó una visita de su hermano al pabellón de La Picota, en Bogotá. ¡Y para qué fue eso!
Pero no puede haber perdón social cuando no ha existido condena social. Como se sabe, la sociedad no solo no condena a los corruptos (que rara vez van a la cárcel, y cuando van casi siempre se debe a una delación por la mala repartición del botín), sino que los enaltece, los agasaja, e incluso los envidia, en medio de la reivindicación de sus actos, y de sus fortunas asociadas, como hazañas dignas de imitar, más en nuestra región Caribe. Solo hay que ver lo que pasa en Valledu-par, donde la corrupción llegó tarde, pero llegó hambrienta en busca del tiempo perdido.
