EDITORIAL

No se deje engañar: Veedores ciudadanos a vigilar obras

El Departamento Nacional de Planeación realizó en Valledupar una interesante jornada de capacitación dirigida a veedores ciudadanos de varios municipios del Cesar, con el ánimo de incentivarlos a seguir con su papel vigilante y a su vez para indicarles y explicarles que existen nuevas herramientas para que su labor no se vea opacada por las presiones del poder de los alcaldes y gobernadores.

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El Departamento Nacional de Planeación realizó en Valledupar una interesante jornada de capacitación dirigida a veedores ciudadanos de varios municipios del Cesar, con el ánimo de incentivarlos a seguir con su papel vigilante y a su vez para indicarles y explicarles que existen nuevas herramientas para que su labor no se vea opacada por las presiones del poder de los alcaldes y gobernadores. En este escenario también se les orientó sobre los alcances del nuevo Sistema General de Regalías, cómo funciona y qué deben hacer los entes territoriales para traer los recursos a sus territorios.

La jornada contó con veedores ciudadanos de Valledupar, El Paso, Becerril, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Codazzi, entre otros, se enfatiza en el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, actuando de manera propositiva y proactiva con el fin de mejorar la forma en que la administración pública suministra bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y la manera cómo ésta los usa y se apropia de ellos.

Aparte de la Ley 850 de 2003 que reglamenta las veedurías ciudadanas, funcionarios de DNP dieron a conocer las nuevas herramientas con que cuentan los ciudadanos a la hora de vigilar una obra y de denunciar si es el caso por los malos manejos de los recursos o mala ejecución de los mismos. Una de ellas es la Ley 1530 de 2012, que en su Artículo 58 trata de la participación ciudadana y control social y de la obligación de las alcaldías y gobernaciones para promover la participación de los ciudadanos en la formulación, priorización, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión financiados con los recursos del Sistema General de Regalías, que finalmente son los que están soportando la gran inversión en el país.

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