No podemos desenfocarnos de la ‘lucha contra la corrupción’, motor de las pasadas elecciones presidenciales y el que más ilusión de cambio generó en el electorado; los llamados al Acuerdo Nacional, del presidente electo, no pueden desconocerla, como lo ha declarado oportunamente el excandidato Sergio Fajardo.
EL PILÓN al examinar en ese tema los programas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández observó ‘lugares comunes’ – hay por cierto leyes a tutiplén que no se cumplen, como el Estatuto Anticorrupción de 2011 que ordenó las comisiones departamentales de moralización y aquí no conocemos la primera reunión-, que nada contribuirían a cambiar las cosas y a pasar de los anuncios, salvo la relevancia que Petro le dio a la Participación Ciudadana como herramienta de su combate. Compartimos esa visión que ratificamos al leer ayer la columna de Patricia Rincón Mazo, en El Tiempo, “La corrupción contraataca, ¿y ahora?”.
Dice que para hacer efectiva la lucha hay que profundizar en (1) qué se entiende por corrupción, la define como “el abuso de una posición de poder para obtener un beneficio particular”, inclinando su decisión a favor de alguien o sí mismos. (2) “aumentar la transparencia entendida como la capacidad de informar a los ciudadanos en lenguaje sencillo qué se gestiona desde la administración, incluidas las decisiones que se toman y los efectos esperados (…) el uso de los recursos, rendirles cuentas permanentemente y de forma incluyente, que sepan qué hace la administración, qué servicios presta, dónde se accede a ellos y quién atiende las necesidades. (3) promover procesos de participación.
