La Avenida del Río es el macroproyecto que la Gobernación del Cesar se propone adjudicar en los próximos días con una inversión que supera, con el costo de la interventoría, los $150.000 millones. Es posible que la obra, por la experiencia y los imprevistos que podrían presentarse en una zona frágil si se atienden ellos con rigurosidad técnica ambiental (y predial), termine desbordando los $200.000 millones. Va bordeando toda la zona nororiental de la ciudad partiendo de la Glorieta de La Pilonera hasta la 44 (avenida del Canal de Panamá) y empataría con la circunvalar sur que la Alcaldía ejecutaría hasta la avenida de dos calzadas del Aeropuerto Alfonso López. La vía se ha previsto como una avenida amplia de unos 40 metros de eje de ocupación del terreno.
La Avenida en su trazado, en lugar de recostarse hacia las carreras Cuarta y Tercera, lo está haciendo, según los planos de su licitación, sobre el cauce del río. El primero fue lo establecido en el POT, en especial en su violado artículo 27. Y respondió entonces aquel trazado a la recomendación de Findeter, que mencionaremos a continuación, de que fuera una vía paisajística y no una construcción para el paso de tractomulas. Que desde esta vía hasta el río debía habilitarse una amplia margen del gran Ecoparque lineal del río, especie de Malecón y pulmón Verde de la ciudad. La recuperación ecológica del entorno fluvial. Ese margen se estaría eliminando, con la pretendida obra pública.
Se percibe, en el diseño del proyecto, que no se socializó previamente con la gente a pesar de la promesa pública del Secretario de Obras Públicas del Departamento, Jorge Maestre, la idea de unas glorietas próximas o dentro del lecho fluvial, para conectar, con futuros puentes, al otro lado del río, induciendo un desarrollo en una gran despensa agrícola de Valledupar, cuyos intereses particulares por mayor beneficio económico presionarían urbanizar. Aunque implicaría una red general de servicios no prevista por el plan de ordenamiento del territorio, que previó una expansión hacia el sur y occidente, por razones de desnivel natural y de menor costo de infraestructura pública. Sin embargo, es más importante y urgente integrar, mediante corredores de movilidad, el río y el mencionado malecón verde, al centro de la ciudad.
Esa Avenida del Río o Primera, o vía paisajística que tiene el condicionante de que atraviesa una zona ambientalmente protegida, la vega del río Guatapurí, unos barrios ilegales y que coincide con los espacios que un importante estudio hace 10 años elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) y sucesivas administraciones municipales de Valledupar, y el POT definió como la obra recreacional y turística, ambiental y de renovación urbana más importante de la ciudad: el Gran Ecoparque de más de 9 kilómetros en la margen derecha, que ahora se viene denominando, por influencia barranquillera, como el gran Malecón del Río, dada la decisión apresurada de la Administración departamental -con el mutis por el foro de la municipal- tendrá que pasar una próxima zona de fuego: la crítica ciudadana, porque se mete con el bien más preciado de los vallenatos, el agua, el río, y ésta no ha sido informada ni consultada; a pesar de que ‘la participación’ es más que un teórico derecho, según lo recordó, entre otras, la sentencia C-361 de la Corte Constitucional.
Si hubiese una amplia concertación podrían resultar cosas interesantes al ejecutarse el proyecto: una recuperación de espacio público y área verde para la ciudad, una legalización, mejoramiento de las casas y dotación de servicios de algunos barrios; una reubicación de otros hacia complejos de vivienda social con buenos espacios y dotaciones en sectores como El Carmen, mejora en la movilidad y el transporte, una recuperación de la seguridad urbana y especialmente del Centro Histórico, un cambio cultural y de dignificación social y de paisajes escondidos del río y su entorno. Pero la Gobernación pareció echar las llaves al fondo del río y solo está abriendo el camino de la discusión, la acción legal y la movilización de la ciudadanía.
