El secuestro de una ganadera en Chimichagua, el asesinato del hacendado Juan Felipe Ustáriz en zona rural de Valledupar y la reciente incursión armada a varias fincas en Bosconia, donde los delincuentes abusaron sexualmente de varias mujeres, son hechos que no pueden pasar como una simple noticia del momento, es necesario un jalón de orejas a las autoridades competentes, porque no podemos permitir que nuestro campo retorne a las épocas del horror.
Reconocemos que la Décima Brigada del Ejército y la Policía Nacional han hecho un trabajo arduo para resguardar la seguridad de los empresarios y trabajadores del campo, pero los secuestros, robos, extorsiones y homicidios recientes demuestran que no es suficiente.
En el departamento del Cesar hay 13.200 fincas, según el Fondo Nacional del Ganado, por lo que debe articularse una mejor estrategia entre los miembros de la fuerza pública y la comunidad para hacer un frente común efectivo contra la delincuencia común, grupos subversivos y bandas organizadas.
En cuanto a seguridad, el departamento está dividido en cinco distritos, cada uno con cinco y seis grupos que hacen parte de la red de apoyo a la Fuerza Pública, con un total de 1.285 ganaderos (grandes y pequeños) ¿Dónde está el resto? La seguridad es un asunto de todos.
