Como si se tratara de una novela de Gabriel García Márquez, en Valledupar, la justicia pareciera avanzar a pie, porque ni siquiera cuenta con parqueaderos propios para guardar los vehículos inmovilizados por orden judicial, situación que afecta a los propietarios de estos automotores.
Las quejas son generalizadas sobre un tema que en principio podría considerarse como algo relacionado con un simple aspecto logístico, pero no, en realidad se trata de un vacío institucional que permite que los carros y motocicletas decomisados por procesos judiciales terminen en parqueaderos contratados por la Policía, que a su vez operan sin vigilancia, sin regulación y sin garantías mínimas para los propietarios de estos vehículos. Los últimos informes revelan que en Valledupar hay más de 8.000 vehículos inmovilizados por orden judicial.
Según las denuncias verbales y anónimas de varios propietarios de los vehículos inmovilizados, esos parqueaderos privados funcionan como terrenos sin ley, en donde se impiden inspecciones y monitoreos, nadie supervisa en qué condiciones están los vehículos y, peor aún, no hay claridad ni control sobre las tarifas que se cobran por el parqueo diario o mensual. Se habla de cobros desproporcionados y arbitrarios, sin una normatividad que los regule ni una entidad estatal que responda.
