Más temprano que tarde se debe encontrar una solución al conflicto que se suscita en la Universidad Popular del Cesar, para salvaguardar a los casi 20 mil estudiantes y 3 mil docentes, que tiene la entidad de educación superior, hoy sumida en un deterioro económico e institucional, producto de la poca voluntad del Gobierno nacional para incrementar su presupuesto y a los errores de quienes la han administrado últimamente.
Diecisiete rectores en los últimos 16 años reflejan el desacierto del Consejo Superior Universitario (CSU) para designar rector, en detrimento del alma mater, cuando lo normal sería un rector cada 4 años.
La crisis de la UPC se veía venir y está tocando fondo, pero les corresponde a los miembros del Consejo Superior, al Consejo Académico, al rector, a los docentes, estudiantes y administrativos sacar adelante la institución.
Como era de esperarse, las improvisaciones empezaron a aflorar con la crisis económica, con un déficit que podría llegar a los $20 mil millones.
