El anuncio del presidente Gustavo Petro, de declarar como día cívico este martes 18 de marzo, ha puesto sobre el tapete el análisis de aspectos relacionados con la autonomía administrativa de alcaldes y gobernadores frente a decisiones emitidas desde la Casa de Nariño.
La decisión del presidente Petro fue motivada por el virtual hundimiento de la reforma laboral por parte de la Comisión Séptima del Senado de la República, por ello el mandatario de los colombianos dijo que apelará a una consulta popular y, para impulsarla, convocó a una marcha nacional durante este martes 18 de marzo, al tiempo que declaró esa fecha como día cívico para que mucha gente pueda asistir. Es una decisión política, y que genera poco consenso social y sí fracturas, entre estas, dentro del mismo Estado, del que hacen parte las entidades territoriales.
Es necesario que se analice la eficacia normativa de esa medida frente a su aplicación y cumplimiento en los entes territoriales. En el aspecto nacional, el exministro Juan Camilo Restrepo preguntó en X qué norma autoriza al presidente para dispensar a los trabajadores públicos que no trabajen para ir a una manifestación gubernamental. En su visita a la Sierra Nevada llegó a decir que cualquier empleador no podían sancionar a su trabajador sino iba al trabajo. Para meter a ambos en una tensión innecesaria y una relación problemática.
