En el papel se ve muy bonito e interesante el intento de acuerdo binacional entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, en especial para nosotros los del Cesar y La Guajira, que busca crear la “Zona de Paz, Unión y Desarrollo” por un tiempo de cinco años en todo el territorio fronterizo de estos dos países.
Por lo pronto ya fue firmado un acuerdo de intención entre los dos gobiernos, el cual busca algo más que la simple cooperación puntual. La idea es sentar las bases de una nueva etapa de relaciones bilaterales, orientada a impulsar la diversificación productiva de la economía de ambas fronteras y fomentar un importante desarrollo económico. Se pretende reconstruir la confianza mutua y trazar una hoja de ruta común hacia el bienestar compartido de las poblaciones fronterizas de Colombia y Venezuela.
Si eso llega a materializarse sería un gran logro y de mucho impacto económico para departamentos como el Cesar y La Guajira, en especial para el sector comercial.
No obstante, los gobiernos de los dos países lo primero que deben hacer es reconocer la existencia de la dinámica mafiosa que opera en la gran mayoría de la zona fronteriza colombo-venezolana, donde son los grupos armados ilegales, de distinta índole, los que imponen la ley; son ellos los que controlan todo lo que por ahí se mueva.
Si los dos gobiernos no retoman el control y sus respectivas soberanías en esos territorios de nada serviría cualquier acuerdo que se firme al respecto, de lo contrario sería generarnos falsas expectativas de algo que parece muy bueno en teoría, pero que en el terreno está lejos de materializarse. Tal es el caso de la región del Catatumbo donde impera la ilegalidad que imponen grupos binacionales fuertemente armados.
Son aspectos para tenerse en cuenta, la tarea no sería nada fácil para los dos gobiernos. Primero, porque se sabe que los distintos grupos armados ilegales, usufructuarios del negocio del tráfico originado derivado de los cultivos de coca de esa zona binacional, han logrado permear a ciertos mandos militares de ambos países y convertirlos en aliados suyos para su funcionalidad criminal; y, segundo, la complejidad y naturaleza topográfica de esos territorios limita la capacidad de las fuerzas militares oficiales.
Además, el gobierno colombiano debe andarse con cuidado en el manejo de esos temas con Venezuela para que no resulte de idiota útil para algunos propósitos que el régimen de Nicolás Maduro busca en cuanto a lograr legitimidad de su permanencia en el poder, algo que ha sido cuestionado por muchas naciones del mundo. La firma de ese acuerdo deja dicho que Colombia acepta de manera oficial la legalidad de la elección de Maduro como presidente de los venezolanos. Otro elemento a considerar es que la fragilidad Venezuela de hoy, lamentablemente, no tiene una economía para asumir obras y tareas de envergadura que dinamicen la frontera o las inversiones generadoras de empleo. Incluso la economía colombiana y de su gobierno no está boyante.
De todas maneras, el acuerdo no se puede subestimar y es importante que se den ese tipo de iniciativas en medio de la búsqueda de alternativas para impulsar las economías de esa frontera, bajo el entendido de que, durante décadas, ese ha sido un territorio lleno de potencial, pero también marcado por el abandono institucional, la informalidad económica, la pobreza y la violencia.
La creación de esa zona es un requerimiento histórico para revitalizar estas áreas y debe apostar por la paz territorial y la integración regional. El trabajo conjunto de dos gobiernos vecinos ayudaría a crear oportunidades reales para mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos, pero tememos que es un distractor de ambos gobiernos para eludir las más altas prioridades de necesidad vital de sus poblaciones.
