Se hizo en Valledupar el lanzamiento de los frentes de seguridad solidarios. Es de entenderse que un evento de ese tipo no podía hacerse sin la autorización o aceptación de la Fuerza Pública. La dirección de la Policía Nacional lo vio favorable, ha manifestado José Félix Lafaurie, dirigente de los ganaderos, pues no es diferente de lo que se viene haciendo hace mucho tiempo en las ciudades e incluso en ciertas áreas rurales, sin tanta estridencia ni publicidad. Es normal la colaboración de la gente con la fuerza del Estado, sin el uso de armas, pero sí con algún grado de organización y logística. Escuchamos a la senadora Imelda Daza decir públicamente que no se oponía a esos frentes, aunque, con razón, advertía que no podía derivar en un grupo de autodefensa armado contrariando el deseable y constitucional monopolio estatal de la fuerza.
No puede haber seguridad y defensa “exclusivamente en manos del Estado”, sin la ciudadanía. Y los ‘antecedentes’ sirven para no repetir los errores.
Sectores progresistas y de izquierda asocian erradamente la seguridad como propio de los adversarios políticos (idea de derecha, lo tildan), y no lo asumen como el primer derecho humano: el derecho a la vida y a la tranquilidad; hay evidencias de qué está pasando con esos derechos en ciudades y campos. El Estado sin el ciudadano y su deber de colaboración no es eficaz en la protección de los derechos.
