Conocido como ‘El juicio del siglo’, el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha puesto a hablar a Colombia y también a nuestras regiones donde se desarrolla un semillero de futuros profesionales del derecho.
En Valledupar tenemos facultades de Derecho en las universidades Popular del Cesar, Área Andina y Udes. Son miles de estudiantes formándose como abogados.
Independiente de cualquier proceder judicial, unos se muestran a favor del exmandatario y otros en su contra, pero al tenor de la justicia, lo único cierto por el momento es que “se mantiene la presunción de inocencia del procesado, hasta tanto no sea vencido en las instancias”, según afirma el abogado Guillermo Maestre Pantoja.
El caso Uribe Vélez constituye un episodio trascendental de la política y la justicia reciente en Colombia. Este proceso judicial debería convertirse en una fuente de enseñanzas para los estudiantes de derecho, en especial del área penal, que se forman en regiones como Valledupar, donde el ejercicio jurídico suele ser más cercano a la comunidad. Bajo la salvedad de que el proceso aún no ha llegado a la parte final, sería bueno preguntarse ¿qué se debe asimilar como enseñanza y qué se debe desechar del mismo?
Este caso, iniciado formalmente por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal, que fue un contragolpe al denunciante original, y marcado por su efecto político desde el origen, resulta un referente importante para el análisis
de cómo operan las instituciones judiciales cuando el procesado es una figura de alto poder político, máxime cuando se trata de un caso inédito en la Colombia moderna, en que se condena a un presidente de la República.
Cuando se suele cuestionar la independencia judicial, ver que un sobresaliente expresidente pueda ser investigado, imputado e incluso privado de la libertad, así sea en detención domiciliaria, es un precedente único en términos del debido proceso. Eso ha de servir para buenas reflexiones a los estudiantes de derecho.
Para el análisis académico también resulta valioso el paso del caso de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación tras la renuncia del expresidente a su curul como senador, lo que trasladó su fuero. Ese cambio de jurisdicción permite estudiar con rigor cómo se interpretan los fueros constitucionales, las competencias de las distintas ramas de la justicia y cómo esto puede modificar el rumbo de un proceso penal. “Pero sigue siendo la misma jurisdicción ordinaria”, afirma el reconocido abogado Hugo Mendoza Guerra.
Es un escenario ideal para que los estudiantes contrasten la teoría del Derecho con las complejidades de su aplicación práctica en casos con alto impacto político e institucional.
Para los estudiantes de ciudades como Valledupar, donde en casi todo influye la presión política, este caso también enseña sobre el valor del debido proceso, la independencia judicial y el rol de la prensa, el contexto y los protagonistas del complejo conflicto armado colombiano, la verdad judicial y la opinión pública.
Según abogados consultados, entre los aciertos de este proceso se debe destacar la documentación detallada de pruebas, el seguimiento a los principios del sistema penal acusatorio y la visibilidad que se le ha dado a los derechos tanto del acusado como de las víctimas. Sin embargo, también deja lecciones sobre los errores que pueden cometerse, tales como filtraciones indebidas, juicios mediáticos anticipados y la polarización política que puede contaminar la percepción pública de la justicia, “además de los juicios paralelos que suelen hacerse y que pueden ser dañinos”, afirma Mendoza Guerra
De todas maneras, el caso Uribe representa una oportunidad única para que los futuros juristas entiendan que el Derecho no es un conjunto de normas abstractas, sino una práctica que exige muchos valores y entrenamiento profesional.
