Es evidente el estilo y política preferencial que el gobierno nacional ha mostrado con las poblaciones indígenas y afrodescendientes del país. Eso no está mal, sin embargo, se pregunta sino debería darse de manera equilibrada frente a otros sectores. Bueno el cilantro, pero no tanto.
El Gobierno ha asignado presupuesto específico y toda clase de incentivos a las organizaciones indígenas, entre ellas las derivadas de forzosas consultas previas. También a poblaciones afrodescendientes. Reconocemos la intención de saldar deudas sociales y de dignidad históricas con esas comunidades originarias, de las que debemos sentirnos orgullosos, pero empieza a percibirse como oportunidad de negocio y transacción, en un inusitado interés de muchos actores para crear organizaciones con el fin de jalonar plata.
Un beneficiario reciente en ese sentido es el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, que reúne al 90 por ciento de sus pueblos. 115 cabildos y 11 asociaciones de ellos y de acuerdo con la plataforma de contratación estatal Secop, este 13 de marzo por contratación directa firmó un convenio de $57.694 millones con MinEducación. Posiblemente necesario, pero llamativo ad portas de una movilización auspiciada por el Ejecutivo.
