No se puede tomar como algo normal el anuncio hecho por los principales centros médicos de la región, tales como el Grupo Clínica Médicos, el Instituto Cardiovascular del Cesar, la Clínica del Cesar, la Clínica Codazzi y Sermultisalud, de suspender la atención a los afiliados de Nueva EPS en Valledupar y otros municipios del departamento. Eso es muy grave.
Es una noticia que debe asumirse como una delicada amenaza a la salud de miles de ciudadanos y que pone en evidencia que el Cesar también está inmerso en la crisis estructural del sistema de prestación de servicios médicos en Colombia.
Según el comunicado de los centros médicos, a partir del 1 de octubre, ocho clínicas en el Cesar interrumpirán sus servicios, excepto urgencias, debido al reiterado incumplimiento en los pagos por parte de Nueva EPS. Se habla de millonarias deudas acumuladas que hacen insostenible la operación y comprometen la calidad de la atención y la estabilidad laboral del personal de salud en este territorio.
Sermultisalud, por su parte, ya adelantó la suspensión desde el 29 de septiembre, afectando servicios de consulta externa, prioritaria y complementaria. La gerente de la institución, Carmen Beatriz, calificó la deuda como “extremadamente elevada” y advirtió que esto deja en situación crítica a pacientes con enfermedades crónicas y necesidades urgentes de tratamiento. Ante esto, hay que alarmarse: son vidas humanas las que están en juego.
Es necesario enfrentar el problema en su verdadera dimensión: más de 400.000 usuarios afiliados a Nueva EPS en Valledupar y municipios como Codazzi, Aguachica y San Juan del Cesar, en La Guajira, podrían quedarse sin acceso a consultas médicas, hospitalizaciones y procedimientos especializados. Todo esto, en una región que ya carece de una red efectiva de atención materno-perinatal y de prevención de enfermedades crónicas, como lo alertó la Secretaría de Salud Departamental.
Es preciso reconocer que el Gobierno del Cesar, en cabeza de la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, la secretaria de Salud Georgina Sánchez y algunos congresistas, lleva meses gestionando ante el Gobierno nacional una solución a este grave problema financiero que afecta los servicios básicos de salud.
El tiempo apremia: si no hay acuerdos de pago o algún arreglo financiero durante las próximas 12 o 24 horas, la crisis podría agudizarse a partir de este miércoles 1.º de octubre, cuando se cumpla el anuncio de las clínicas que reclaman el pago de la Nueva EPS. Por ello, es urgente que todas las fuerzas sociales de la región actúen de manera conjunta para presionar al Gobierno nacional en busca de una salida que impida el colapso del sistema regional de salud.
En estos casos es absolutamente necesario alzar la voz. Es clave el papel de la ciudadanía para realizar protestas con una gran manifestación que llegue a los oídos del Gobierno nacional, tal como lo está convocando la veedora de los usuarios, Esperanza Arias, quien llamó a un plantón ciudadano. Tiene razón cuando afirma que el clamor de los pacientes, los trabajadores de la salud y toda la comunidad debe ser escuchado con urgencia y atendido en consecuencia.
Insistimos en que la magnitud de esta crisis amerita soluciones inmediatas, transparentes y sostenibles. El tiempo se agota y la ciudadanía debe exigir acciones que garanticen su derecho fundamental a la salud en el Cesar.
