El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo oficializó la entrada en vigor del Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, que establece la prohibición estricta y sin excepciones a las exportaciones de carbón a Israel con el argumento de “la persistencia de los actos bélicos en contra del pueblo palestino”. Es decir, Gobierno nacional considera que esta restricción contribuiría a prevenir “el genocidio del pueblo palestino” y evitaría que los recursos naturales de Colombia aporten “a la guerra” que adelanta el Estado de Israel; así lo referencia el decreto, argumentado que desde el 18 de marzo de este año ese país aumentó su ofensiva bélica.
“Como resultado, en el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 17 de junio de 2025, se ha reportado que 680.000 palestinos han sido desplazados, 5.334 palestinos han sido asesinados y 17.839 han sido heridos como consecuencia de la ofensiva bélica adelantada por Israel. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 18 de junio de 2025, al menos 55.637 palestinos han sido asesinados y 129.880 heridos por las acciones de Israel, señala el decreto.
¿Hasta cuándo irá la prohibición?
La medida fue firmada por el presidente Gustavo Petro; la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas; la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio; el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, y estipulan que la prohibición estará vigente hasta que “se cumplan las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia o hasta que desaparezcan las condiciones que lo motivaron”.
Previo a la expedición de este nuevo decreto, el proyecto fue publicado y puesto a consideración de la opinión pública y de los grupos de interés entre el 28 de julio y el 15 de agosto. En este tiempo, la Procuraduría y el sindicato de Drummond advirtieron riesgos laborales y legales, por un lado porque el plazo inicial de revisión era de cinco días, y por el otro había preocupación por el impacto de la medida en la economía del Cesar.
“El Gobierno nacional decide desconocer e irrespetar las situaciones jurídicas consolidadas con el único argumento de que se requiere que la medida sea efectiva”, indicó la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, mientras que el Sindicato de Trabajadores de la empresa Drummond (Sintramined) declaró que: “Prohibir ‘sin excepción’ un mercado tan preponderante no solo pone en riesgo la sostenibilidad de las operaciones mineras, sino que garantiza una inminente reducción de personal, despidos masivos y la precarización de las condiciones laborales para miles de mineros y sus familias”.
Argumentos del Gobierno
Sin embargo, el Gobierno se mantiene en que “esta decisión responde a un análisis exhaustivo y a la necesidad de evitar que el carbón colombiano contribuya a las actividades militares de Israel que, de acuerdo con organismos internacionales, vulneran principios y derechos fundamentales en la Franja de Gaza”.
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El país es firmante de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2025-2027, por ello, afirma, “el país adopta medidas para evitar que las exportaciones de carbón sean utilizadas en cadenas de suministro que puedan contribuir a la consecución de un genocidio”.
Reclamos del sector minero
Por otra parte, Sintradrummond, otra organización sindical que venía haciendo equipo con los demás trabajadores del Cesar, La Guajira y Magdalena, se sumó a la crítica por la entrada en vigencia del decreto, por lo cual emitieron un comunicado en el que expresan que las últimas intervenciones del presidente de la República, Gustavo Petro, señalan “su intención de acabar con la actividad del carbón sin ofrecer una debida reconversión laboral y económica”.
“Además, impidiendo la comercialización del mineral hacia Israel, dejándonos en un vilo a los y las trabajadoras del sector carbón, y generando muchas preocupaciones como la de querer saber cuál será nuestro futuro y cierto es que sin recursos no puede haber una transición”, se lee en el oficio con fecha del sábado 30 de agosto.
“Pensamos firmemente que un cierre apresurado de la minería del carbón, sin los mecanismos adecuados, no solo pondría en peligro las oportunidades laborales actuales, sino que afectaría gravemente la economía de las comunidades que viven de esta industria”, agregaron los directivos al tiempo que anunciaron la renuncia oficial y definitiva del colectivo sindical.
Por Redacción EL PILÓN.
