El pasado jueves 8 de enero, El Sindicato Nacional de Trabajadores de D1 S.A.S. (SINTRA-D1) solicitó públicamente a la compañía un aumento general del 23% en los salarios de todos sus trabajadores, equivalente al incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026. La petición fue formalizada mediante una carta dirigida a la gerencia de la empresa, en la que el sindicato argumenta que el ajuste es necesario para proteger el poder adquisitivo de los empleados, especialmente en los cargos con menores niveles de remuneración.
Según SINTRA-D1, históricamente la empresa ha pagado salarios por encima del mínimo legal, sin embargo, el reciente incremento del salario mínimo 23% frente a una inflación del 5,1% ha provocado que muchos trabajadores que ganaban un poco más del mínimo queden ahora igualados o incluso por debajo en términos reales.
El sindicato advierte que limitar los aumentos al Índice de Precios al Consumidor (IPC) reduce la capacidad de compra, desmotiva al personal y desconoce el aporte de los trabajadores al crecimiento financiero de la compañía, que en 2024 reportó ventas por 19,44 billones de pesos y utilidades cercanas a los 373.000 millones.
No obstante, el caso ha generado debate en el ámbito económico. Analistas señalan que el modelo de Tiendas D1, basado en bajo costo y alto volumen, opera con márgenes netos reducidos, cercanos al 1,9%, lo que deja poco espacio para absorber choques fuertes en los costos laborales sin afectar precios, eficiencia o empleo. En este contexto, se advierte que el aumento del salario mínimo y la exigencia de un ajuste generalizado podrían traducirse en mayores presiones sobre el modelo de negocio, impulsando cambios como mayor automatización, ajustes en la contratación incluido el trabajo de medio tiempo o, en escenarios extremos, reducción de personal.
Mientras el sindicato insiste en que el crecimiento de la empresa debe reflejarse en mejores condiciones salariales para quienes hacen posible sus resultados, expertos subrayan que los aumentos salariales sostenibles deben estar acompañados de mejoras en productividad para evitar impactos negativos en el empleo y la competitividad. El debate queda abierto en medio de la discusión nacional sobre los efectos reales del incremento del salario mínimo en Colombia.
