Los agricultores del Cesar y La Guajira recorrieron en tractores las calles de Valledupar la mañana de este viernes, afirmando que los molinos les ofrecen en promedio $1.300 por un kilo de la nueva cosecha, mientras que hace un año pagaron $1.800, desbalance de 500 pesos que va en contra de los costos de producción, sumado al impacto de los bajos precios de la importación estadounidense y el ingreso del grano desde países suramericanos.
La protesta fue pacífica, partió en la madrugada con un corto bloqueo en el puente Hurtado con el apoyo de camiones y vehículos que se desplazaron por la carrera novena hasta llegar a la Gobernación del Cesar, donde esperaron a representantes del gobierno, pero no llegaron, y continuaron hacia el sector de ‘Los Cauchos’.
“Nosotros le pedimos aquí a la gobernadora que nos haga un acompañamiento, que nos ayude, que sea nuestra interlocutora a nivel nacional”, declaró Álex Meza, presidente del Comité de Arroceros del norte del Cesar y sur de La Guajira, ante el olvido sembrado en el campo.
Un problema nacional y estructural
La escena se repite a lo largo del país arrocero, como lo dijo Meza: “La situación que vivimos aquí es la misma que están viviendo todos los arroceros del país. Unos bajos precios que no nos dan para sacar los costos de producción… donde se va a ver afectada mucha mano de obra, aquí cumplimos con transportadores, mucha mano de obra manual, maquinaria… mucha gente va a quedar desempleada”.
Aunque el secretario de Agricultura del Cesar, José Sequeda, aseguró que la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, también firmó la alerta emitida por los mandatarios a través de la Federación de Departamentos, los líderes gremiales solicitan un pronunciamiento y gestión de la administración. “Hemos hecho una parada al frente de la Gobernación del Cesar para notificarle a la señora gobernadora que en el Cesar también se siembra arroz, parece que no sabe”, dice Joaquín Ovalle, presidente del Comité Agropecuario del Cesar.
El modelo productivo
Más allá del ruido del día y los desvíos viales bajo el sol vallenato, la protesta dejó una verdad incómoda: la crisis del arroz “es estructural” porque va más allá de los precios, es de modelo productivo y abandono institucional de vieja data, como lo refleja el caso de José Jorge Díaz, arrocero en Badillo desde hace 30 años y asegura que poco ha cambiado.
“Ahorita mismo nada más tengo seis hectáreas porque las circunstancias y el precio no da para sembrar más, si uno no coge tan siquiera de 8 toneladas en adelante está perdiendo uno plata… no baja en la tienda, pero los molineros dicen que el arroz está barato”, explica Díaz, quien manifiesta que cultivar una hectárea puede costar hasta 8 millones porque incluso hay quienes pagan por el uso de la tierra, más fertilizantes, maquinaria y mano de obra. Además, reconoce que hay pocas molineras en la región y a nivel nacional existe un monopolio.
/ FOTO: Jesús Ochoa.
En el tablero de la economía campesina, la ecuación es desigual: el mismo kilo de arroz que el campesino entrega en $1.300 lo encuentra el consumidor, semanas después, en la tienda minorista a cerca de $5.000.
“No ha cambiado nada”: agricultor
“No ha cambiado nada. Cada día vamos empeorando por la situación del comercio de los molineros. No ha habido avances en materia industrial, nada”, asegura el agricultor de la tercera edad aferrado al cultivo. “¿Cómo hace uno para retirarse? Es como abandonar a los hijos”. Mientras surten efecto los diálogos a nivel nacional, el gremio pide al gobierno local pasar del olvido a la acción, incluso en el centro y sur del departamento, donde el jueves se reportaron bloqueos entre La Jagua de Ibirico y Becerril, y en marzo pasado en Aguachica.
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“El problema del sector agropecuario no es solamente el arrocero, es un problema estructural que tiene el país y hay que darle soluciones estructurales. El gobierno seccional no podría darle esas soluciones, tiene que ser un conjunto de cosas, pero sí pueden cumplir con su deber de proporcionar los servicios públicos elementales para volverse competitivo”, dice Ovalle, proponiendo que “hay que desarrollar políticas públicas con los gremios”.
Poca intervención local
La institucionalidad intenta responder desde el acompañamiento, pero sin herramientas materiales. María Marta Lacouture, secretaria de Desarrollo Económico de Valledupar, asegura que está por darse una mesa de trabajo entre los arroceros del municipio con el alcalde Ernesto Orozco. Lacouture visualiza el desarrollo económico mirando al campo, pero reconoce que los proyectos más ambiciosos están en espera: “Estamos en un proyecto de extensión agropecuaria y también se están implementando unos proyectos en Ocad Paz, en el momento que estos salgan aprobados será muy beneficioso para el sector”.
La marcha terminó sin disturbios y con paso humanitario, como lo manifestó Pablo Bonilla, secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad. “Esta mañana hubo la autorización de cruce de tres ambulancias… participaron unas 40 personas realmente”, explicó.
Pero aunque el operativo de orden público fue exitoso, la respuesta estatal sigue ausente. Los manifestantes, que piden regulación del precio y mesa de trabajo con todos los actores de la cadena, consideran que la resolución del Gobierno que fijaría los precios no sería la solución, sino incentivos como el del almacenamiento para hacerle frente a la sobreproducción y alta oferta. Según ellos, este sector no puede esperar diez años más porque está en riesgo de desaparecer.
Por Andrea Guerra Peña.
