Ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Valledupar estaba programada la tarde del martes 16 de abril la audiencia de legalización de captura en contra de dos jóvenes, señalados de abusar sexualmente de su sobrina de 16 años. Estas personas habían sido aprehendidos cerca de las 3:28 a. m. del lunes 15 de abril en el barrio Nuevo Milenio. 

El presunto abuso se presentó la madrugada del 15 de abril cuando la víctima, en compañía de los implicados, fue a acompañar a su tía que se encontraba en alto estado de embriaguez hasta el barrio Sicarare. 

Según el relato de la víctima, de regreso a su casa, ubicada en el barrio de invasión Tierra Prometida, “al pasar por un callejón ubicado en la parte de atrás del colegio Milcíades Cantillo, los indiciados pararon las motocicletas en las que se movilizaban, se sacaron sus partes íntimas y comenzaron a tocar en distintas partes del cuerpo a la joven (senos, nalgas, vagina y demás)”. 

“Les decía que me llevaran a mi casa, que yo no quería estar ahí y cuando ya iba camino a la casa me decían que por qué lloraba si ellos no me habían hecho nada”, dijo la víctima al relatar los hechos a las autoridades. 

Al llegar a su residencia la adolescente contó lo sucedido a la esposa de su tío y sus familiares fueron a buscar a los implicados e inmediatamente llamaron a las autoridades. 

La joven, quien cursa grado once, fue llevada por miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza donde se le hicieron los estudios pertinentes. 

No obstante, quedaron en libertad porque la defensa de los indiciados alegó el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal que en su parágrafo 2 señala: “La persona que sea capturada será puesta a disposición del juez de control de garantías dentro de un término de 36 horas, el cual será interrumpido con la instalación de la audiencia por parte del juez competente en cumplimiento de lo señalado en el artículo 28 de la Constitución Política”.

Dicho tiempo se sobrepasó, por lo cual no podían permanecer privados de la libertad. Ahora, deberán ser capturados mediante una orden judicial por el delito de acceso carnal violento.

Esta decisión fue apelada por la Fiscalía 7 URI que pidió al juez ser “más flexible”, pero se mantuvo la decisión porque se debía cumplir el derecho fundamental de los procesados. En este caso también está involucrado otro joven menor de edad, que deberá responder legalmente por este acto.