La diputada del Cesar por el Centro Democrático, Claudia Margarita Zuleta, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de prohibir la exportación de carbón a Israel. El presidente Gustavo Petro confirmó la expedición del decreto a través de X. “Con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños de Palestina”, trinó el presidente.

La diputada, por su lado, aseguró que esto golpeará con más fuerza a los departamentos del Cesar y La Guajira. “Es una medida inconveniente, inoportuna e inconstitucional. Los territorios más afectados serán los departamentos y sus municipios productores, como el Cesar y La Guajira”, inició señalando Zuleta.

Igualmente, agregó que dicha medida resulta contradictoria en un momento en el que el país enfrenta serias dificultades en materia fiscal. “Con esta prohibición se desprecian más de $650.000 millones de pesos que podrían ingresar al país por conceptos de regalías, impuestos, tasas u otras contribuciones. De esos, más de $100.000 millones corresponderían de manera directa a los departamentos del Cesar y La Guajira, departamentos pobres que necesitan esos recursos para la inversión social, que los necesitan para que dinamicen la economía local generando empleo y oportunidades a la gente”, agregó.

“AUTOSABOTAJE”

Para Claudia Margarita Zuleta, quien hace oposición al Gobierno nacional y departamental, esta medida es inconveniente porque sabotea la “tan cacareada política de transición energética”. “La sabotea porque los recursos de la legalidad son los únicos recursos, o por lo menos la fuente más importante, con la que cuentan estas regiones para poder avanzar en un modelo de diversificación productiva y de promoción del desarrollo económico. Creo que ya basta de que el Cesar y La Guajira tengamos que seguir escuchando discursos ideológicos y vacíos porque no tienen acciones, ni mucho menos resultados”.

En ese sentido, dijo que pasados dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro, en el Cesar “no se ha visto un solo peso en una inversión seria conducente a esa diversificación productiva que tanto necesitamos”.

“La medida resultaría inconstitucional porque contradice el Tratado de Libre Comercio suscrito con Israel. Está vigente en Colombia desde el año 2020 y fue elevado a ley de la República a través de la Ley 1841 de 2017 y declarado constitucional a través de la sentencia de control de constitucionalidad C 254 de 2019. Estas normas por su estatus no pueden ser vulneradas por un decreto presidencial”.

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Por último, Zuleta invitó a toda la dirigencia social y política de esta región a elevar una sola voz en rechazo a esta medida que perjudica al departamento. 

“Ojalá unirnos en un manifiesto ciudadano que contenga lo que nosotros consideramos útil, válido y necesario frente a una política minero energética para Colombia. No está bien que los gobernantes, los gremios, la sociedad civil organizada, permanezca neutral o muda frente a este tipo de decisiones. Es la hora de pronunciarnos. Considero que sería torpe permanecer callados o neutrales”, concluyó.