Contra las cuerdas parece estar el proyecto Ruta del Sol III que contempla el tramo número ocho que conectaría al municipio de Valledupar con Bosconia, debido a que el Concejo Municipal en una sesión extraordinaria emitió 11 votos en contra de la enajenación de dos predios necesarios para la continuidad del tramo. En ese sentido, la corporación, por mayoría, le negó al alcalde de Valledupar, Mello Castro, las facultades para venderle los terrenos a la concesionaria encargada de la obra. 

La Alcaldía de Valledupar solicitó la autorización para venderle a la Concesionaria Yuma inmuebles de propiedad del municipio ubicados en el corregimiento de Mariangola, los cuales son requeridos para que dicho proyecto continuara su curso. 

Sin embargo, la mayoría de los concejales dieron su voto negativo a la posible venta porque alegaron que no se realizó  la consulta previa con las comunidades que residen en dichos terrenos. El concejal de Valledupar Pedro Loperena aseveró que los grupos étnicos de las Sierra Nevada de Santa Marta desde el 2014, a través de un acta, dejaron establecido que no estaban de acuerdo con la obra. 

Comentó que las intervenciones de Yuma en los predios violan la línea negra que debe ser respetada y salvaguardada como establece la Ley. Por otro lado, señaló que de construir el tramo se incurriría en el detrimento de unos yacimientos arqueológicos encontrados en obras de la Ruta de Sol tramo III, por los cuales la comunidad indígena chimila, que habita el corregimiento de Mariangola, ha solicitado la suspensión del proyecto, principalmente, porque los hallazgos guardan semejanzas con las prácticas funerarias que utilizaban sus antepasados.

 De acuerdo con el concejal Wilber Hinojosa, durante la sesión pudieron constatar por medio de registros fotográficos que en los predios ya se están adelantando la obras de la Ruta del Sol III sin que la Concesionaria Yuma fuera dueña de los terrenos. 

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EL PROYECTO SE FRENA POR “INTERESES POLITICOS”

Por otro lado, los siete concejales que votaron a favor de la venta de los predios aseveraron que los argumentos de la mayoría que votaron en contra no están fundamentados. Acotando así que la “guerra interna de algunos concejales con el alcalde de Valledupar, Mello Castro, estaría retrasando el progreso del municipio”. 

En ese sentido, el concejal Luis Fernando Quintero, presidente de la Comisión de Presupuesto, comentó que es inaudito que algunos concejales se opongan a la construcción del tramo Valledupar- Bosconia porque este disminuiría el alto índice de accidentabilidad en esa zona: “En esos terrenos de vía nacional no hay yacimientos arqueológicos por lo que no se está vulnerando a los pueblos indígenas”. 

Así mismo, el concejal Jorge Arzuaga comentó que el municipio perderá recursos económicos y la obra se atrasará porque de igual manera se va a realizar, debido a que la Concesionaria Yuma aseveró que expropiaría los predios vía judicial. Agregó que dicho proceso llegaría a un juzgado en el que se determinaría un precio inferior al establecido por la administración para la venta de los predios. 

YUMA DESMIENTE SEÑALAMIENTOS 

Según Juan Carlos Hernández, representante de la Concesionaria Yuma, sí se realizó una consulta previa con las comunidades que se verían afectadas por el tramo Valledupar–Bosconia. En ese orden de ideas, ratificó que ciertamente no se llegó a un acuerdo con las comunidades, sin embargo, la ley establece que cuando ese mecanismo no surte efectos la entidad competente, en este caso la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, “determinó la manera en la que debía proceder la concesionaria para proteger los derechos de las comunidades”.

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Sobre los hallazgos arqueológicos, Hernández comentó que los yacimientos están en el corregimiento de Valencia de Jesús, y actualmente el equipo arqueológico de la empresa está haciendo la debida identificación de estos. Con respecto a la   presunta intervención de los predios, aseveró que la Ley 1682 de 2013, en el artículo 27, establece que las concesionarias pueden “a través de permisos de intervención acceder a los predios para ejecutar las obras que se requieran, debido a que las concesionarias del país tienen un cronograma de obras que deben ser cumplidos”.  

Agregó que la Ley establece que vencido el término de 30 días después de que se hace la notificación de la oferta de compra de los predios, pueden proceder a realizar una “expropiación judicial”.  

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Al respecto, el secretario General de Valledupar, Andrés Maestre, aseveró que la consulta previa para la obra sí se realizó, pero no hubo una concertación con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En ese sentido, señaló que un comité con base en una directiva presidencial concedió la licencia que “facultó a Yuma iniciar el proceso de infraestructura”. 

“Por la negativa al acuerdo de enajenación, los predios en los que se realizaron los proyectos viales deberán ser cedidos, mediante la venta o serán expropiados por vía judicial. Quisimos darle un trámite célere para el beneficio de la comunidad, pero algunos miembros del Concejo no lo permitieron”, manifestó Maestre.

Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN