Pese al fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, del 9 de noviembre del 2011, en el que la Corte Suprema de Justicia ordena a Incoder, en el numeral 7°, restituir las tierras o en su defecto pagarlas a las 48 familias víctimas del conflicto armado de la Parcelación El Prado, en el municipio de La Jagua de Ibirico, hasta la fecha los que debían ser beneficiarios están a la espera del pago de los predios que actualmente están siendo explotados por una mina de carbón.
Por tal motivo, Ludys Pedroza, representante de las víctimas, aseguró, a través de un documento donde se detalla la triste historia de las familias afectadas, que “el Estado colombiano revictimiza a los desplazados”, es decir, que el Gobierno Nacional repite la historia de desplazamiento. Esta vez en los procesos de restitución de sus predios.

La crítica historia de las víctimas se presenta desde el mismo momento en que fueron deportadas de Venezuela en 1996, fecha en que llegaron al corregimiento de La Victoria de San Isidro, en el municipio de La Jagua de Ibirico, en busca de ayuda, por lo que el Gobierno Nacional, a través del proceso de reforma agraria, fundamentado en la Ley 160 del 94, solicitó al extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria- Incora-, hoy Incoder, que les adjudicara 1.231.200 metros cuadrados de las tierras de El Prado.
Seis años después, grupos al margen de la Ley entraron a la parcelación y desplazaron a las familias, al parecer, porque las tierras estaban previstas para un negocio con una empresa minera, puesto que allí había carbón y era interés de testaferros. Algunos de los propietarios resultaron muertos a mano de los insurgentes, lamentable situación provocada en marzo del 2002.
En el 2009 inició la batalla jurídica de los 48 hogares que residían en El Prado, catalogado como uno de los pueblos más victimizados del Cesar. En el 2011, las familias obtuvieron respuesta positiva por parte del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, que solicitó al Incoder restituirle las tierras o que se las compraran.
En 19 de julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo antes mencionado, pero ante la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes, las víctimas realizaron el 3 de diciembre del 2013 un paro en el municipio de La Jagua de Ibirico para que el Estado le diera cumplimiento al fallo, protesta que tuvo eco ante el Incoder, por lo que la representante jurídica de los vulnerados, Ludys Pedraza, estuvo en Bogotá el 10 de diciembre, en donde le informaron que las tierras no se podían entregar por restricción, puesto que estaban en zona minera y por tanto se estaba desarrollando el evalúo de las mismas.
Debido a dicho proceso, la representante legal de las 48 familias de El Prado se reunió de nuevo con los funcionarios del Incoder el 24 de febrero de 2014, encuentro en donde se discutió el evalúo realizado por peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC-, el que para Pedraza no correspondía al valor total actual de los predios, puesto que, según ella, estaba viciado de ilegalidad, debido a que en el 2009, familias con propiedades cercanas a la parcelación vendieron terrenos alproyecto minero Prodeco, filial de Glencore, por un valor aproximado a 20 millones de pesos la hectárea y a las víctimas, al parecer, se las estaban comprando en 8 millones de pesos.
La ilegalidad del valor de los predios, según Pedraza, también se refiere a que el 19 de septiembre de 2009, la Lonja de Propiedad Raíz del Cesar, presentó ante Incoder un avalúo comercial aplicado los precios del mercado por un valor superior al que tiempo después presentó la entidad oficial.
El 19 de mayo de 2014 se llevó a cabo una reunión con las familias, con la abogada encargada del caso, un representante del Presidente Juan Manuel Santos y funcionarios de Incoder con el fin de darle cumplimiento al fallo. Sin embargo los meses pasaron y los afectados por la guerra no recibieron a tiempo el dinero.
El lunes anterior llegaron hasta las instalaciones de EL PILÓN más de 40 personas representantes de las familias víctimas, quienes horas antes habían estado en el Incoder Territorial Cesar, debido a un llamado realizado por la entidad a los cabeza de hogar, con el fin de firmar una notificación para así iniciar el proceso de pago de los predios.
El documento, con fecha 22 de agosto de 2014, bajo resolución 7434, decía: “Por el cual se ordena el pago de la liquidación determinada en la Resolución No. 3813 de 2014, aclarada por la Resolución No. 6399 de 2014, en cumplimiento del fallo judicial del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar de fecha de 9 de noviembre de 2011 a____ (nombre del beneficiario), identificado con la cédula de ciudadanía No.____”
No obstante, los desplazados, que llegaron de diferentes partes del país creían que de inmediato les sería entregado el pago y al no ver la efectividad del mismo asumieron que no sería cancelado a tiempo.
El enojo de las víctimas con la entidad del Estado también tiene que ver con que 15 familias de las 48 afectadas, quedarían por fuera del proceso de pago hasta entonces, porque aparentemente los dueños de los predios, quienes murieron a manos de los grupos al margen de la Ley, serían los únicos que podrían reclamar el dinero, ilógica situación que indignó a los parientes.
“A nosotros nos toca revivir a los muertos, porque no nos quieren pagar porque los esposos no están”, mencionó *María, quien quedó viuda hace 11 años con niños pequeños y hoy no tiene dinero para mantenerlos.

Margot Durán aseguró “yo me quedé sin mi esposo y mis hijos, y como el dinero llegó a nombre de mi esposo, porque era titular ahora nos toca realizar un proceso para que nos paguen”.
Luz Deny Navarro dijo “esta es una discriminación que nos están haciendo”. “Están jugando con nuestras vidas, porque si nos dejan a nosotros los que tenemos muerto y si no se han pellizcado ahora, después no lo harán, hay que echarle tierrita”, especificó Carolina Alberna.
Las víctimas, sin terreno y plata aseguran estar viviendo en la miseria, por lo que aceptaron el dinero que, al parecer, les quiere entregar Incoder.
Pedraza, a nombre de los afectados, solicita la investigación penal y disciplinaria a todas las personas que han intervenido en el fallo, el que su cumplimiento ha sido alargado. “Solicitamos la jurídica intervención de los organismos internacionales, defensores de los Derechos Humanos para que haya justicia y no repetición con las víctimas del conflicto armado”, dijo la abogada.
Incoder tiene la plata, víctimas deben firmar
Mediante un documento, el Incoder notifica a las 48 familias víctimas de la parcelación El Prado, el pago de sus predios.
Pese al argumento que da el Incoder a través del documento, donde se destaca como responsable de desaparición forzada, concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado a Luis Fernando Andrade Ospino, quien fue condenado a pena de 40 años de prisión y al pago de multa de 100 salarios mínimo legales mensuales vigente, las familias no quisieron firmar, al parecer, desconocen los beneficios una vez lo hacen, puesto que aquellos que den la autorización una vez entreguen el papel podrán esperar de 15 a 20 días el pago de las tierras a través de una cuenta bancaria.
Carlos Adolfo Arenas, secretario General del Incoder, aclaró que desde la semana pasada la entidad realizó un citatorio público para que las familias llegaran a notificarse, lo que significa que el Ministerio de Hacienda entregara la plata para poderles pagar a estas personas afectadas por el conflicto armado a través de 48 resoluciones.
“Nosotros seguimos adelante con el proceso de notificación por edicto a todas las víctimas”, aseguró Arenas, quien aclaró que en mayo pasado aún no habían recibido el dinero por parte del Ministerio de Hacienda y por tal motivo no se les pudo pagar a las familias, pero en estos momentos la entidad ya tiene el dinero para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
El Secretario General del Incoder aclaró que para que las víctimas reciban el dinero tienen que firmar la notificación de manera individualizada, luego deben abrir una cuenta corriente, llevar una certificación del banco donde abrieron la cuenta, copia de cédula y así en 15 o 20 días tendrán el dinero en la cuenta.
Pero ¿Por qué la demora? “Los pagos que funcionan a través de la nación funcionan a través del Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF, manejado por el Ministerio de Hacienda, quien constata los documentos de la persona y luego es que se realiza la transferencia bancaria, y eso demora 15 días”, aseguró el funcionario público.
Con respecto a las víctimas que sufrieron por la pérdida de familiares, Arenas recalcó “esa plata también la tenemos, pero va para sus herederos, lo que debe definirse de acuerdo al derecho sucesoral y el juez es quien dirá cómo repartir ese dinero”.
Eduardo Mena, director Territorial de Incoder, especificó “Incoder le girará la plata a un depósito judicial y un juzgado es quien determinará quiénes tienen derecho a ella”.

Puntos de vista de las víctimas:
Luis Enrique Meza García
“Veníamos con una idea y aquí las cosas cambiaron, ya no sabemos a quién creerle, porque hace tres meses también nos dijeron que nos iban a pagar unos días después”
Viviana Sarabia
“Nos dijeron que nos iban a pagar y ahora dicen que después. Definitivamente ya no estamos creyendo nada, siempre nos salen con discursos diferentes”.
Alexis Jaime Meza
“Estamos bregando para que nos paguen, nos iban a hacer una orden de pago y estamos como bolita de pin pon, de un lado para otro, pero sin respuesta”.
Elda María Padilla
“Todos estamos en la misma, nos dicen que nos van a pagar hoy y luego que mañana o el otro mes y siempre es lo mismo y no tenemos nada, ni tierra ni plata”.

Por Merlin Duarte García/El Pilón
[email protected]