La última vez que la familia Puerta vio con vida al comerciante Oscar Puerta Rodríguez fue la mañana del domingo 17 de marzo de 2019. El hombre, de tez trigueña, partió de su vivienda ubicada en el corregimiento de Arjona hacia el municipio de Astrea para resolver un problema laboral relacionado con una madera y desde entonces nunca más regresó.

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Iba de ‘entrada por salida’, por lo que su ausencia prolongada rápidamente comenzó a parecer extraña en el seno de la familia. Comenzaron las averiguaciones y la primera evidencia proyectó que en realidad no era uno sino dos los desaparecidos.  

El mototaxista Wilfran Hernández Barraza, que transportó a Puerta Rodríguez con rumbo a la finca Santa Catalina, tampoco aparecía.

Ni buscándolos en Astrea donde irían y los pueblos cercanos, la comunidad y los parientes pudieron encontrarlos. Al poco tiempo, lo único que hallaron de ellos fue la motocicleta en el municipio de San Sebastián, Magdalena.

La incertidumbre, el desasosiego y la inconformidad se apoderó de la población; no entendían cómo en un municipio pequeño fuera posible que sus paisanos desaparecieran como si se ‘los tragara la tierra’. El 20 de marzo del mismo año masivamente se volcaron a exigir respuesta a la Estación de Policía de Astrea y ocasionaron una alteración en el orden público.  Además, alzaron su voz en protesta mediante una marcha que realizaron el 23 de marzo en el corregimiento de Arjona.

En el mes de abril de 2019 la Alcaldía Municipal, en cabeza de ese entonces de Sandy Sepúlveda Sánchez, ofreció una recompensa a quien ofreciera información sobre su paradero.

Aun así nada ha cambiado, un año y nueve meses después, los hijos del comerciante crecen sin él.

“Colocamos la denuncia, pero no hemos sabido más información. Sus dos hijos son los afectados por su desaparición; ayer se graduó el mayor de 17 años del bachillerato y la niña todavía está en primaria”, manifestó Gladys Puerta, hermana del comerciante.  

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Agregó que la respuesta de las autoridades es negligente y lenta en el tema de los desaparecidos. “Acá llegaron unas tres veces, pero nunca dieron razón de su paradero. Nosotros éramos los que buscábamos y todavía estamos en las mismas”, puntualizó.

En la anterior y última década Colombia ha visto desaparecer a miles de sus ciudadanos como consecuencia del conflicto armado y de otras situaciones de violencia. Por eso, su reto es encontrarlos o saber noticias de ellos mientras que cada día se siguen sumando casos. 

Según el Sistema de Información de Red de Desaparecido, Sirdec, del Instituto de Medicina Legal, en el departamento del Cesar tienen reportado históricamente 2.739 casos.

Asimismo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, ha registrado 199 casos de desapariciones ocurridas en el Cesar.

La mayoría se produjeron en Agustín Codazzi (con 30 hechos),  Aguachica (27), Valledupar (22), San Alberto (21), El Copey (16) y Curumaní (15).  

En total la entidad tiene 9.058 solicitudes de búsqueda en el país y ha realizado 2.556 diálogos con víctimas a nivel nacional. De igual manera, han recibido 177 solicitudes de búsqueda de 19 municipios de los 25 que tiene el departamento.

Entre los que se encuentra Valledupar (con 57 solicitudes), Aguachica (56), El Copey (14), Becerril (7), San Martín (7),  Agustín Codazzi (6), La Jagua de Ibirico (5) y Astrea (2), entre otros.

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La directora de la UBPD, Luz Marina Monzón Cifuentes, comunicó que cuentan con 23 equipos territoriales que trabajan en 800 municipios del territorio nacional. “Hemos elaborado 14 Planes Regionales de Búsqueda que vinculan a 802 personas desaparecidas. Sabemos que en 9 de los 32 departamentos del país se concentra el 60 % de las desapariciones registradas en Colombia, estos departamentos son: Antioquia, Meta, Magdalena, Valle del Cauca, Cesar, Santander, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo, donde estamos para atender a miles de familias”, acotó.

Agregó que trabajan con el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación en la identificación de alrededor de 25.000 cuerpos.

“Actualizamos información en el Registro Nacional de Desaparecidos de 6.585 casos del Sirdec, analizamos la información de 16.640 expedientes y también tomamos 214 muestras de ADN a familiares en distintas partes del país, trasladándonos a los lugares de habitación de las personas para brindar mayor seguridad y comodidad en medio de la pandemia. También en articulación con la JEP creamos la mesa técnica de medidas cautelares para la protección de sitios de disposición de cuerpos en lugares como El Copey”, puntualizó.

Se trata de los restos encontrados en un lote que iba a ser adecuado como cementerio alterno en El Copey y que fueron rescatados a inicios del pasado mes de agosto. 

La intervención se dio luego que la Jurisdicción Especial para la Paz ordenara que fueran protegidos con motivo a la alerta que lanzó la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, la cual anunció que en el terreno donde encontraron los huesos hay aproximadamente 100 restos humanos, entre esas posibles ejecuciones extrajudiciales.

POR: Marllelys Salinas / EL PILÓN
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