Rorcuales, cachalotes y delfines están algo más a salvo desde hoy. Todas las especies de cetáceos y tortugas marinas que utilizan o habitan en las aguas del corredor marítimo que se extiende entre la península Ibérica y las islas Baleares vivirán en una reserva que blindará su conservación, con medidas como la prohibición de nuevos sondeos petroleros.

El Consejo de Ministros de España, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de dicho país, ha aprobado este viernes un decreto por el que se declara Área Marina Protegida el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo. La medida llega medio año después de que lo propusiera la delegación española en una cumbre celebrada en Albania por los firmantes del llamado Convenio de Barcelona para la protección del Mediterráneo. El corredor también será zona de reserva preventiva y el gobierno ya ha solicitado su inclusión a la lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

El área que a partir de ahora estará blindada es una franja continua de aguas marítimas de más de 46.000 kilómetros cuadrados y de 85 kilómetros de anchura, que discurre entre el Cap de Creus, en Girona, hasta el Cabo de la Nao, en Alicante, y que es paralela a las costas de las Baleares. Según el propio ministerio, estas aguas tienen “un gran valor ecológico” y constituyen un corredor de migración de cetáceos de vital importancia para su supervivencia.

El objetivo de la declaración es proteger de los efectos del ruido submarino a los cetáceos y tortugas marinas que usan la zona como paso migratorio hacia sus áreas de cría y alimentación. La contaminación acústica supone un riesgo para la supervivencia de estas poblaciones, que dependen del sonido para su orientación espacial, alimentación, reproducción y cría.

Con la protección de la zona, quedarán prohibidos los sistemas activos en la investigación geológica -ya sean por sondas, aire comprimido, explosiones controladas o perforaciones subterráneas- y, sobre todo, los sondeos petroleros. Sin embargo, el ministerio admite que quedan fuera de la prohibición los proyectos que tengan permisos de investigación o explotación en vigor, aunque Teresa Ribera, quien está a la cabeza del Ministerio, se ha comprometido a revisarlos.