Para la mañana del próximo 19 de diciembre quedó programada la decisión de segunda instancia sobre si continúa o no en prisión el alcalde de Codazzi, Luis Vladimir ‘Luchito’ Peñaloza Fuentes, en el marco de la medida de aseguramiento que le fue interpuesta por presuntamente apropiarse de unos $1.400’000.000, producto de pedir comisiones a un contratista de ese municipio.

La suerte del mandatario está en manos del Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Valledupar, el cual, en audiencia dará a conocer si es procedente que el alcalde enfrente el resto del proceso en libertad.

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Esto en respuesta al recurso de apelación que colocó el abogado William García de Luque, en la audiencia preliminar desarrollada el anterior 21 de noviembre, fecha en que el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de Control de Garantías resolvió cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a Peñaloza Fuentes.

En la petición el jurista argumentó que la Fiscalía no presentó suficientes elementos materiales probatorios para que el togado en primera instancia concediera la detención intramural.

“La Fiscalía tuvo toda la oportunidad de profundizar en la indagación y sin embargo al llegar a este estadio procesal donde nos encontramos, no lo hizo. Mírese que la denuncia de Otoniel Ariño Urbina por sí sola no dice nada, es solo eso una denuncia y no podemos asumir ya que Luis Vladimir Peñaloza es actor de la conducta criminal”, dijo García de Luque al interponer la apelación.

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LA INVESTIGACIÓN

‘Luchito’ Peñaloza fue capturado por detectives del CTI a mediados de noviembre por los delitos de concusión y peculado por apropiación agravado.

Los hechos fueron denunciados por Otoniel Ariño Urbina, quien indicó ser víctima de Peñaloza porque supuestamente le exigió grandes sumas de dineros por los contratos que ejecutaba con la alcaldía.

Según la investigación, las primeras coimas las recibió a raíz de un contrato del municipio celebrado el 22 de abril del año 2015, donde supuestamente pidió el 15% del dinero que la administración daría por concepto de adelanto de pago.

En marzo de 2018, Peñaloza presuntamente, también autorizó una adición presupuestal al contrato del Centro Cultural con la condición de que el contratista, Ariño Urbina, le entregara a título de comisión la suma de $60 millones.

POR MARLLELYS SALINAS M. / EL PILÓN
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