La Asamblea Departamental del Cesar acaba de aprobar un proyecto de ordenanza que le da viabilidad a la implementación de una política pública encaminada a abordar los distintos aspectos que atañen a la labor de esas personas que dedican gran parte de su tiempo a cuidar a otras en condiciones de discapacidad.

Ellos son los conocidos como cuidadores y que ahora hacen parte de una red que de manera reciente se ha creado en el departamento del Cesar, una iniciativa que es aplaudible y oportuna. Sin embargo, aunque el gesto institucional es un paso necesario, no podemos dejar de advertir que el proceso ha generado muchas inquietudes entre los líderes y voceros de esta población históricamente olvidada.

Después de ese acto en la Asamblea Departamental, de manera paradójica se han escuchado voces de inconformidad, entre ellos la de Silvio Enrique Acosta, representante legal de la organización de personas con discapacidad múltiple de Valledupar, quien considera necesario revisar con mayor rigurosidad el tema, dejando entrever que hay mucho desconocimiento del mismo por parte de algunos diputados y personas que lideran las entidades responsables de la atención a la población con discapacidad, cuyas realidades pasan un tanto desapercibida.

Aún sigue existiendo diferencias conceptuales en el manejo de la terminología que se emplea para referirse a ese tipo de población. De todas maneras, hay que valorar los avances, por lo menos ya se conformó la primera Red del Sistema Nacional del Cuidado, integrada por 330 cuidadores, a quienes se les ha brindado capacitación sobre aspectos que ayuden a reconocer, valorar y dignificar su labor de cuidar la vida, tanto en el hogar, como en la comunidad, proceso articulado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Colombia, PNUD, el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar.

Tal como lo publicó EL PILÓN la semana anterior, en el departamento del Cesar hay más de 40,883 personas con discapacidad, de las cuales el 12.74 % no tiene afiliación a salud, el 43.53 % no sabe leer ni escribir, el 51.73 % no tiene vivienda propia y el 59.1 % no cuenta con ingresos económicos. A pesar de estas barreras, un 22 % de las personas con discapacidad desean seguir estudiando, lo que evidencia un fuerte deseo de superación y participación activa.

Esas cifras hacen perentoria la aplicación de todas las medidas establecidas en esa política pública recién aprobada, tales como “promover procesos orientados a la transformación de una cultura ciudadana que reconoce la discapacidad como una condición humana y a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, que fomente la inclusión social… garantice la participación y el ejercicio del goce pleno y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en todo el departamento”.

Es justo el momento para reivindicar la figura del cuidador representada en madres, hijas, hermanas, en su mayoría mujeres, que renuncian a su autonomía económica, a su desarrollo personal y hasta a su salud mental, para entregar su tiempo y energía al cuidado de otros. Son personas a las que todavía la institucionalidad continúa tratándolos con una ambigüedad que resulta preocupante: mal uso de la terminología, escasa claridad en los mecanismos de acceso a beneficios y una falta de compromiso presupuestal serio. Por fortuna hay señales de cambio para mejorar las condiciones de esa población.