De infraestructura educativa

El Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías-CSIR- Cesar, observa con mucha preocupación el Control de Advertencia firmado por la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, al contrato 693 de 4 de mayo de 2011, por valor de $40.225 millones, con el cual se interviene la infraestructura educativa del departamento.
Este contrato por su naturaleza es de difícil ejecución debido a que se entregaron a un solo contratista 79 frentes de obra en 17 municipios del Cesar, 27 en áreas urbanas y 52 en zonas rurales. El contrato se otorgó a la Unión Temporal Educativa del Cesar con un plazo inicial que vencía el 31 de diciembre del 2011 (sólo 8 meses), pero ante las dificultades iniciales presentadas le otorgaron plazo adicional de nueve, hasta el 30 de septiembre de 2012, prórroga que fue nuevamente ampliada por siete meses más y hoy la fecha de terminación del contrato está estipulada para el 27 de abril del año 2013.
Del análisis que hace la Contraloría General de la República se concluye que existen innumerables irregularidades desde la planeación, cuyo diseño fue entregado a USAID-Cimientos, quien contrató a Tecniconsultas S.A. y éste a su vez subcontrató con Construsuelo Ltda. Todo para realizar estudios de preinversión, diseños de infraestructura, estudios de suelo y ejecución de diseños estructurales. El informe dice que presuntamente se deja entrever que responsables de la elaboración de estos diseños no hicieron trabajos de campo, como es el reconocimiento del terreno y de las áreas proyectadas.
Adicionalmente, entre el 4 de mayo al primero de agosto de 2011, el contrato careció de interventoría, lo que afectó considerablemente el desarrollo del proyecto especialmente en la decisión de ajustar los diseños con el cumplimiento de las normas sismo resistentes vigentes.
De acuerdo con el análisis de los 79 frentes que tiene el informe, la Contraloría prevé un posible detrimento fiscal por mala calidad de mano de obra en 16 frentes de trabajo, por un monto aproximado actual de $300 millones, porque existen 27 frentes con avance del 0%, es decir, un 34% está sin iniciar y cinco frentes no pudieron ni siquiera verificarse por el difícil acceso a la zona, mientras que 21 frentes están suspendidos; es decir, que sólo trabajan en 26 frentes, que es un 32% de lo contratado. Se resalta en todo el informe la mala calidad de todas las obras que están en ejecución.
Este contrato beneficia a los municipios de Pueblo Bello, Tamalameque, Astrea, Curumaní, Chimichagua, Manaure, Río de Oro, Gamarra, Pelaya, Gonzalez, El Copey, Pailitas, San Diego, La Gloria, Aguachica y Valledupar.

Consideraciones del CSIR
El CSIR Cesar le ha hecho seguimiento a este contrato desde sus inicios y de ello consta en Boletín de Prensa 191, de septiembre de 2011, cuando visibilizó la Auditoría del DNP llevada a cabo en Valledupar y luego como tema central de la edición 30 de julio de 2012 de El Observador de las Regalías, que pueden consultar en la página www.comitederegaliascesar.org y encuentra hoy que después de tres meses de esta publicación, la situación de la ejecución de este contrato es preocupante y alarmante porque en palabras de la Contraloría “la Interventoría contratada ha hecho poca presencia en el sitio de obras y la administración departamental no ha realizado gestiones tendientes a exigir el cumplimiento del contrato de Interventoría ni la Supervisión ha sido evidente”, lo que hace ver que hay debilidad en todas las instancias que ejecutan el contrato.
La secretaria técnica del Comité, María Clara Quintero, expresó que “el CSIR hace un llamado especial a la administración departamental y especialmente al gobernador Luis Alberto Monsalvo para que tome las riendas de la ejecución de estos $40 mil millones de regalías, cuyas obras son tan necesarias para la comunidad educativa del departamento. Por lo tanto hacemos eco al control de advertencia de la Contralora General”.